Dos organismos de la ONU alcanzaron con el gobierno de Myanmar un acuerdo que sienta las bases para el retorno voluntario a ese país de los refugiados rohinyás asentados en Bangladesh. Sin embargo, las condiciones para el regreso no se dan todavía. Entre las recomendaciones para hacer viable la repatriación figura la de otorgar la nacionalidad birmana a los refugiados.

El texto del memorándum de entendimiento entre Myanmar, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) se redactó el jueves en Nay Pyi Taw y deberá firmarse la semana próxima.

El documento delinea un marco de cooperación tripartita para crear las condiciones que permitan la repatriación voluntaria, segura, digna y sostenible de los refugiados rohinyás a sus lugares de origen o preferencia.

Un primer paso para la repatriación

El memorándum es un primer paso necesario para el proceso de retorno que también apoyará la recuperación y el desarrollo de las comunidades que viven el estado birmano de Rakhine, hogar de esa etnia.

Según el acuerdo, ambos organismos de Naciones Unidas podrán visitar los sitios de origen y de posible reasentamiento de los refugiados en Rakhine, donde no se ha permitido el acceso desde el estallido de la violencia en agosto pasado.

Una vez en el terreno, ACNUR evaluará la situación e iniciará tareas de protección de civiles, además de que reportará sus hallazgos en las comunidades a los refugiados en Bangladesh, de manera que éstos cuenten con información independiente y puedan decidir si su retorno sería digno y seguro.

Las agencias de la ONU también ayudarán a las autoridades locales a fortalecer sus capacidades para facilitar la repatriación de los refugiados.

La firma del memorándum refrendaría el compromiso del gobierno de Myanmar con la búsqueda de una solución para los rohinyás, que se ajuste a las recomendaciones de la Comisión de Asesoría, un equipo internacional de diplomáticos liderados por Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU.

Dichas recomendaciones incluyen el establecimiento de una opción viable y voluntaria para obtener la ciudadanía birmana y para la libertad de tránsito de toda la población en el estado de Rakhine independientemente de su religión, origen étnico o estatus de ciudadanía. Del mismo modo, la Comisión pugna por la implementación de programas de desarrollo que apoyen el modo de vida y la cohesión social de todas las comunidades.