El camino definitivo parece adoptado y será el de un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para activar el proceso de exhumación de Francisco Franco, con una ventaja para el Gobierno ya que de esta manera se evita que un tribunal ordinario pudiera revocar la decisión de exhumar sus restos mortales.

De esta manera, la fórmula deja en manos unicamente del Tribunal Constitucional  una impugnación y por tanto dificulta el margen de éxito de un recurso para la familia o para la Fundación Franco.