El Gobierno aprobó el pasado 12 de mayo la reforma de la estiba para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reducido significativamente, de 24 a 3 millones de euros, la multa impuesta al Reino de España por el retraso en el cumplimiento de la sentencia europea que nos obligaba a reformar el sector de la estiba.

El Gobierno se muestra satisfecho por la significativa reducción de la multa, aunque lamenta la falta de voluntad y de responsabilidad de los partidos políticos que no apoyaron la primera reforma de la estiba que el Gobierno llevó a convalidación el 16 de marzo al Congreso de los Diputados y que hubiese anulado el pago de cualquier multa.

Según explican desde el Gobierno, en ese momento, España tenía una notificación de la Comisión Europea en la que subrayaba que, de aprobarse la reforma propuesta, nuestro país no tendría que abonar la multa devengada hasta la fecha y que se vió obligado a presentar una segunda reforma de la estiba que pudo ser convalidada finalmente en la Cámara Baja el 18 de mayo.

Asimismo, indican que de no haber reformado el sector de la estiba, además del pago de una multa diaria de 27.522 euros, España habría tenido que abonar una sanción de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Gracias a la reforma diseñada por el Gobierno, el Reino de España ha conseguido evitar el pago de la multa de 134.107,2 euros.

En la sentencia de 11 de diciembre de 2014, el tribunal europeo consideraba que el sector español de la estiba contravenía el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea al imponer a las empresas que deseen desarrollar esta actividad distintas obligaciones, como participar en el capital de las SAGEP (Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios) y contratar con carácter prioritario a trabajadores puestos a disposición por dicha sociedad.

La sentencia condenaba a España al pago de una multa de 27.522 euros por el número de días de persistencia de infracción. Además, contemplaba una segunda sanción de 134.107,2 euros por cada día de retraso en la ejecución de esta sentencia.