En el punto álgido de la próxima temporada de carestía (mayo-julio), tres organismos de Naciones Unidas advirtieron de que casi 7 millones de personas en Sudán del Sur podrían enfrentarse a la inseguridad alimentaria aguda, instando a que se incremente la ayuda humanitaria y se facilite un mejor acceso a las operaciones de socorro.
El informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), publicado el pasado 22 de febrero en Juba por el Gobierno sursudanés en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indica que el número de personas que padecen una grave inseguridad alimentaria ha aumentado en un 13 por ciento en relación a enero del año pasado.
Aquí se incluyen a unas 30 000 personas que experimentan ya una inseguridad alimentaria extrema (en la Fase 5 o de “catástrofe humanitaria”, el nivel más alto de la CIF) en los estados de Jonglei y los Lagos, en el este y el centro de Sudán del Sur.
El informe advierte que la inseguridad alimentaria sigue viéndose impulsada por los efectos acumulados del conflicto, la producción insuficiente de alimentos y los desplazamientos de población asociados. La producción local de cereales en 2019 cubrirá tan solo el 52 por ciento de las necesidades de cereales del país, frente al 61 por ciento en 2018.
El conflicto sigue afectando a la producción de alimentos, mermando la cabaña ganadera y limitando el acceso de la población a fuentes alternativas de alimentos. Los períodos prolongados de sequía, las inundaciones, las enfermedades de los cultivos y las plagas han afectado gravemente a la producción agrícola, que depende en gran medida de las lluvias. Las personas pobres han sido particularmente vulnerables a los altos precios de los alimentos y a su disponibilidad limitada en los mercados.
Se necesitan urgentemente más fondos para incrementar la ayuda humanitaria con el objetivo de salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. Con el nivel actual de asistencia -según el informe-, unas 50 000 personas se enfrentarán a la situación de “catástrofe” (inseguridad alimentaria extrema) entre mayo y julio. Sin ningún tipo de ayuda, esta cifra podría ascender a 260 000 personas.