La reforma del sistema de pensiones español es una de las medidas estructurales de mayor calado que es necesario abordar para evitar la quiebra del actual Sistema de la Seguridad Social. Hasta hace no mucho, la caja de la Seguridad Social lograba superávit pero el descenso de los cotizantes produjo una caída alarmante desde 2008, poniendo en grave riesgo el Fondo de Reserva, que registró pérdidas en 2011. Estas circunstancias y las recomendaciones de Bruselas hacían inevitable considerar una reforma en profundidad del sistema actual de pensiones.

 

maria-jesus-lopez-sanchezSiendo el modelo español un sistema de reparto, basado en el principio de solidaridad intergeneracional, ha sido el “seísmo demográfico” el que ha puesto en jaque la solvencia del sistema por dos indicadores demográficos básicos: el descenso en la tasa de natalidad y el incremento de la esperanza de vida. La tasa de natalidad se sitúa en el 2009 por debajo de los 1,5 hijos por mujer en España, estando la tasa de reemplazo de la población en 2,1 hijos por mujer, media que no se registra desde el año 1981. Por su parte se produce un incremento de esperanza de vida a los 65 años, que en la actualidad llega a los 21 años cuando en 1990 hablábamos de 17,5 años. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística se puede augurar que para el año 2050 aparecerán cambios poblacionales en dos direcciones opuestas: el descenso de la población en edad de trabajar y el aumento de la población mayor de 65 años. La consecuencia será un impacto en la línea de flotación de las partidas de gasto del Gobierno, esto es, las pensiones, la atención sanitaria y los gastos de dependencia, produciéndose fuertes tensiones presupuestarias por no ser las contribuciones de los trabajadores en activo suficientes para financiar las pensiones.

 

Las medidas a tomar pueden ser el aumento de los ingresos vía cotizaciones o la minoración del gasto reduciendo la cuantía de las pensiones o su periodo de disfrute. Lo primero incrementaría el coste laboral en las empresas y en la actual situación de crisis, parece que sea la reducción de los gastos del sistema la alternativa más viable, ya mediante ajustes ad-hoc, ya mediante ajustes automáticos basados en la modificación de los parámetros utilizados para el cálculo de la pensión.

Se pueden plantear distintas alternativas, según la intensidad de la modificación del sistema de la Seguridad Social:

 

lUna radical, que implicaría pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización.

lUna novedosa (seguida en Suecia, Letonia y Polonia),  consistente en realizar reformas que lleven a un modelo de reparto con un ajuste entre las prestaciones que se recibirán y la capacidad financiera del sistema; son las cuentas nocionales: mitiga el efecto desincentivo al trabajo pues la prestación de jubilación depende de las cotizaciones de toda la vida laboral, por lo que los individuos no perciben la cotización como un impuesto sino como un salario diferido.

lY la menos radical, emprendida con las últimas reformas, consistente en realizar reformas paramétricas y no estructurales (el objetivo es reducir el gasto en pensiones, entre ellas se encuentra el aumento de la edad de jubilación) mediante el cambio de diferentes parámetros en las fórmulas que sirven para calcular la cuantía de la pensión.

 

Recientemente, el Gobierno ha dado marcha atrás en su intención de modificar las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para personas de 61 años, de esta forma, quedará el criterio inicial previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y se distingue entre jubilación anticipada forzosa y jubilación anticipada voluntaria. En ambos casos, la edad para poder acceder a ellas se elevará de forma progresiva desde 2013 hasta 2027: la voluntaria de los 63 años a los 65 y la forzosa desde los 61 años a los 63 años. La nueva normativa introduce más tramos para los coeficientes reductores, que son los porcentajes que se aplican por cada trimestre que se adelanta la jubilación con respecto a la edad ordinaria, que en 2014 es de 65 años y dos meses. Estos porcentajes suponen una reducción de la cuantía de la pensión. En el caso de la jubilación parcial, se trata de facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento y experiencias y evitar que se utilice como una forma de acceso privilegiado a una jubilación anticipada.  La nueva legislación aumenta la edad y los años cotizados para acceder a ella y continúan sin aplicarse coeficientes reductores:

lSe limita al 50 % la reducción máxima de jornada con carácter general.

lSe permitirá alcanzar el 75 % de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de al menos dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.

lSe eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad).

 

En definitiva vivimos en los últimos años en una reforma permanente de la Seguridad social, con una técnica legislativa consistente en continuos cambios dentro del mismo modelo y en el que se abre un largo periodo transitorio lleno de incertidumbre. La nueva edad ordinaria de jubilación se fija en 67 años, realizando el paso de 65 a 67 años de forma progresiva entre 2013 y 2027. Se mantiene la posibilidad de jubilarse a los 65 años para quienes acrediten 38 años y 6 meses de cotización (en 2017) siendo esta cotización exigible también aplicada de forma progresiva.

 

Partiendo del artículo 41 CE, el Estado Social y Democrático de Derecho debe garantizar los derechos a una pensión de jubilación y otra cuestión será cómo se debe hacer y cuáles son los mecanismos.  Por su parte el artículo 50 CE impone el mandato a los poderes públicos de garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Luego la supresión de las pensiones de jubilación o su mantenimiento sin las condiciones exigidas de adecuación y actualización periódica, desnaturalizarían el sistema de seguridad social contraviniendo los mandatos constitucionales.Es bueno tener visiones abiertas porque no hay una sola forma de garantizar la pensión. Nuestro actual sistema de pensiones está pensado para rentas más bajas, lo que genera problemas en las rentas medias y altas y esto puede ser un foco de conflicto en el futuro a tener en cuenta, pues los perceptores de estas rentas tienen mayores dificultades para mantener su nivel de vida tras la jubilación e incluso para hacer frente a sus obligaciones financieras. Los sistemas de pensiones son el espejo de la estructura de la sociedad y es cierto que esta sociedad ha cambiado mucho en 25 años, con el incremento de la desigualdad económica, la incorporación de la mujer al trabajo, el cambio de la propia estructura de las familias… y sin embargo nuestro sistema de pensiones ha mantenido los mismos parámetros hasta hace poco. ¿Es esto razonable, a tenor de las circunstancias? Es legítimo decir que la sombra de la crisis podrá seguir de cerca al Sistema Público casi siempre, porque está en su esencia diseñado para responder a un entorno universal.

 

Finalmente, esto no quita considerar otras alternativas que lo completen y complementen. Un sistema de pensiones debe estar pensado y diseñado para el entorno cambiante y poder dar respuesta a su realidad y carencias.

 

María Jesús López Sánchez

Abogado asociado de Sagardoy Abogados