También la ONU expresa preocupación por el uso innecesario de armas no letales en las protestas en el país andino

Siete excancilleres peruanos enviaron una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para pedirle que envíe “lo más pronto posible” una misión ante “la grave situación política e institucional que vive el país y que afecta su institucionalidad democrática”.

“Las características y modalidades del cambio de gobierno que se ha producido en el país son contestadas por un sector mayoritario de la población, que cuestiona su legitimidad”, remarcaron los exministros en referencia a la crisis que afronta Perú tras la destitución de Martín Vizcarra por el Congreso y la toma de mando por el presidente del Legislativo, Manuel Merino.

La carta, que fue difundida este viernes por medios locales, fue firmada por los exministros de Exteriores Allan Wagner, Manuel Rodríguez, Diego García Sayán, Eduardo Ferrero, Rafael Roncagliolo, Oscar Maurtua y Eda Rivas.

Por su parte, el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú manifestó su profunda preocupación por la actuación de las fuerzas del orden en el marco de las protestas ocurridas en los últimos cuatro días.

Las protestas, de carácter pacífico en su gran mayoría, se han registrado desde el lunes 9 de noviembre en la capital y en numerosas ciudades del país.

“Como resultado de la actuación policial de los últimos días, y particularmente en las marchas masivas del jueves 12, se han registrado heridos, incluyendo manifestantes y periodistas. Es necesario recordar que la utilización arbitraria e indiscriminada de las armas no letales vulnera el principio de proporcionalidad e infringe los estándares internacionales, que requieren de precaución, necesidad y proporcionalidad en la actuación policial”, aseguró ONU Perú en un comunicado.

Asimismo, denunció que se han registrado violaciones del derecho de los detenidos al debido proceso, incluyendo detenciones de manifestantes adolescentes.

“Es preciso alinear, cuanto antes, las acciones de control a las obligaciones internacionales del Estado peruano al haber ratificado diversos instrumentos de derechos humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como llevar a cabo una investigación independiente, imparcial y oportuna de los hechos ocurridos y, de ser el caso, reparar a las víctimas y sancionar a los responsables”, se lee en la declaración.