La primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar ya tiene el visto bueno del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y los consejeros de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas. Este proyecto forma parte del Plan de Inclusión Social, cuyo objetivo es mejorar la atención, reducir el número de personas que viven en la calle y restaurar su papel en la sociedad.

El Instituto Nacional de Estadística ha mostrado los datos relativos a 2012, último año con cifras al respecto. En ese año en España había unas 23.000 personas sin hogar que acudían a los centros repartidos por todo el territorio nacional. La Estrategia reconoce que existe fuentes dispares de información al respecto entre las CCAA y las principales ciudades españolas, si bien diferentes recuentas apuntan a que el número ha aumentado durante los últimos años. El documento que el Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las CCAA y el tercer sector han consensuado busca reducir la cifra, y se marca objetivos a medio y largo plazo.

Asimismo, diferentes informes sobre la cuestión indican que se han incrementado los número de personas sin hogar más jóvenes, que hay más mujeres y más personas mayores de 45 años; y que esta situación se hace crónica en muchos casos, aunque también apuntan a que sube el alojamiento en pisos y pensiones y baja ligeramente el uso de los centros destinados a ello. Asimismo, mejora el acceso a la sanidad de estas personas, su perfil se distancia de personas con adicciones a drogas o a alcohol y mejora considerablemente la valoración de los servicios a su alcance, en buena parte porque, como igualmente recalca la Estrategia, ha subido la inversión en asistencia. También apuntan los informes que se registran más delitos de odio. La Estrategia contiene medidas relacionadas con todos estos puntos.

Este conjunto de pautas parte de un enfoque integral, que se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda. Precisamente, como ha asegurado el ministro, uno de los aspectos esenciales de la Estrategia guarda relación con este último aspecto, ya que diferentes experiencias, en especial en Canadá y en Estados Unidos, concluye que destinar a una persona sin hogar a una vivienda, dentro de un amplio programa de acompañamiento social para lograr su reintegración, arroja notables mejoras en su situación personal, principalmente en su estado de salud.

El programa “housing first”, en su expresión original, es una línea de trabajo de los proyectos de atención a personas sin hogar que el Ministerio financia mediante estas ayudas. Sus objetivos son cinco: la prevención, la sensibilización, la seguridad, la restauración del proyecto de vida y la mejora de la información. Entre las principales medidas destacan algunas como favorecer el acceso a sistemas de rentas mínimas, el fomento de la mediación familiar, impulsar apoyo en situaciones de pérdida de vivienda, mejorar la empleabilidad, favorecer contrataciones por las empresas de inserción o crear una Red de Recursos para estas personas, a efectos informativos.

En materia de atención a la Dependencia, el Pleno del Consejo Territorial también ha adoptado acuerdos. En primer lugar, ha avanzado en la acreditación de la cualificación de categorías profesionales del Sistema de Dependencia. Este sistema permitirá profesionalizar y garantizar la calidad del empleo en el sector, y se enmarca en la tendencia a derivar la atención a la dependencia a servicios profesionales, en virtud de la reforma acometida por el Gobierno. En la actualidad, más del 62% de las prestaciones reconocidas son ya para estos servicios.

Por otra parte, el Pleno del Consejo también ha acordado crear un grupo de trabajo para evaluar los resultados de la aplicación del baremo de dependencia aprobado en febrero de 2011, cuyas conclusiones se presentarán en los próximos meses.

En la reunión del Pleno del Consejo, el Ministerio y las Comunidades Autónomas han abordado también las propuestas de entidades sociales para culminar el documento base de la Atención Sociosanitaria, sobre el que se han recibido propuestas de las entidades consultadas. Una vez se incorporen estas consultas, se volverá a presentar a las comunidades autónomas este documento, con el objetivo de constituir un marco básico de actuación para ofrecer una atención integrada a quienes requieran asistencia social y sanitaria.

Por otra parte, se han presentado en esta reunión dos informes de seguimiento. El primero sobre la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020, que prevé la realización de un estudio sobre las condiciones de vida de la población gitana y la celebración en Mérida, el próximo mes de noviembre, de un seminario sobre la financiación de las actuaciones en favor de este grupo.

El segundo es del Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, una evaluación de las 240 actuaciones que contempla esta estrategia y que se colgará en la página web del Ministerio una vez sea revisada por las comunidades.

Otro de los puntos tratados ha sido el proyecto ‘Revisión de los sistemas de ingresos mínimos en España desde la perspectiva de su efectividad 2015-2017’, que tendrá un coste de 251.000 euros y estará financiado en un 80% por la Comisión Europea. El objetivo es revisar los sistemas de garantías de ingresos mínimos para conocer el nivel de prestaciones que ofrecen todas las administraciones, las diferencias existentes, determinar su efectividad y mejorar el nivel de cobertura con una propuesta viable.

Para concluir la reunión, los asistentes han abordado, en el turno de ruegos y preguntas, la situación de los afectados por la talidomida en España. En este sentido, el ministerio ha solicitado a las comunidades autónomas su colaboración para apoyarlas, sobre todo en la valoración de la discapacidad para que tengan acceso a las prestaciones derivadas. El Imserso ya ha incorporado en la codificación para esta valoración el código específico “síndrome malformativo debido a talidomida” y, además, ha posibilitado a los afectados el acceso a la edad de jubilación en edad reducida.