En la inauguración del I Congreso Internacional de Arbitraje de la Corte Civil y Mercantil, la vicepresidenta del gobierno ha destacado el papel del arbitraje y de sus profesionales al resolver conflictos de forma rápida y eficaz con un importante ahorro económico. El arbitraje permite a los ciudadanos obtener justicia “con mayor agilidad, reforzando la autonomía de las partes y ahorrando costes”, ha dicho.

Para la vicepresidenta esta fórmula “está llamada a tener un mayor protagonismo” porque responde a una “definición adecuada a la sociedad moderna, que busca soluciones rápidas y especializadas”. Además, ha valorado el desempeño de los profesionales del arbitraje y ha expresado su convencimiento en que España se convierta “en una sede de arbitraje internacional a la altura de las más importantes del mundo”.

En este sentido, el arbitraje se puede considerar como un “factor más de competitividad”, ha explicado, pues la solución rápida de conflictos en un contexto de apertura de las empresas al exterior puede convertirse en “pieza clave” de la competitividad y un factor “exportador de resolución jurídica”.

La extensión en la utilización del arbitraje implica “una nueva cultura de la justicia y conseguir que la sociedad perciba que para defender unos intereses no es forzoso acudir a los juzgados y a los tribunales sino que hay otras fórmulas de obtener justicia con resoluciones de obligado cumplimiento”.