Eso asegura un informe publicado el miércoles por una relatora especial, que hace una serie de recomendaciones a varios Estados, y entidades de las Naciones Unidas, entre ellas al Secretario General, para que se abra una investigación internacional que lleve a los autores ante un tribunal.

Tras una investigación de seis meses, la relatora especial* de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha emitido sus conclusiones sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi el pasado mes de octubre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. En su informe, Agnes Callamard ha analizado pruebas basadas en el derecho internacional sobre derechos humanos y considerado medidas que podrían haber evitado su asesinato.

“Las circunstancias de la muerte de Khashoggi han conducido a numerosas teorías y acusaciones, pero ninguna altera la responsabilidad del Estado de Arabia Saudita”, se lee en el informe. “Agentes del estado saudita, 15 concretamente, actuaron bajo la cobertura oficial de su Estado y utilizaron medios estatales para ejecutar” al periodista y columnista de opinión, que trabajaba para el diario Washington Post en el momento de su muerte, y era crítico del actual Gobierno de Riad.

“Su asesinato fue el resultado de una planificación elaborada que involucró una amplia coordinación e importantes recursos humanos y financieros. Fue supervisado, planificado y respaldado por funcionarios de alto nivel. Fue premeditado”, se lee en el informe.

El informe cita seis violaciones del derecho internacional y además señala que tras la ejecución de Khashoggi,  Arabia Saudita tomó medidas tímidas para cumplir con sus obligaciones, por lo que se han producido cuatro violaciones más: • la de la responsabilidad de investigar, de manera efectiva, transparente y de buena fe • la del deber de cooperación internacional en la investigación de una muerte ilegal • la de garantizar un juicio justo • y la relacionada con la obligación de no repetición.

Callamard llamó al Consejo de Derechos Humanos, al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas para que abran una investigación penal internacional con el fin de determinar las responsabilidades individuales de este caso e identificar opciones para la rendición de cuentas ante un tribunal.