Mike Pompeo anunció las medidas tras acusar al tribunal de “intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción”

El Secretario General de la ONU observó “con preocupación” este miércoles la imposición por parte de Estados Unidos de sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI) y otro alto funcionario, en la última de una serie de movimientos políticos unilaterales contra el organismo.

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, acusó a la CPI de “intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción” y anunció sanciones contra la fiscal de la Corte Fatou Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación , Phakiso Mochochoko. El anuncio es la continuación a una orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump a principios de junio sobre el “bloqueo de propiedad de ciertas personas asociadas con la CPI”.

El argumento de Estados Unidos

El tribunal ha sufrido las críticas de Estados Unidos desde su fundación en 2004.  Junto con Rusia y China, la nación norteamericana es uno de los pocos países de mundo que se ha negado a adherirse a su jurisdicción.

Pompeo hizo la acusación mientras el tribunal con sede en La Haya investiga si las fuerzas estadounidenses han cometido presuntos crímenes de guerra en Afganistán.

El secretario de Estado calificó  a la CPI de “ institución completamente rota y corrupta”,  y recordó que su país nunca ratificó el Estatuto de Roma  creado por la corte  y añadió que “no toleraremos sus intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción”. Pompeo dijo que Estados Unidos daba este paso supuestamente “porque la CPI sigue apuntando a los estadounidenses, lamentablemente”.

La ONU observa “de cerca”

En nombre del jefe de la ONU, António Guterres, el portavoz Stéphane Dujarric dijo que “ siguen de cerca la evolución de este asunto”.  “Analizaremos cualquier posible implicación que este acontecimiento pueda tener con respecto a la aplicación del Acuerdo”, continuó.

La cooperación entre la ONU y la CPI se basa en un Acuerdo de Relación, que fue aprobado por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2004.

De acuerdo con declaraciones anteriores del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Dujarric dijo: “confiamos en que cualquier restricción impuesta contra estas personas se aplique de manera coherente con las obligaciones del país anfitrión en virtud del Acuerdo relativo a la  Sede de las Naciones Unidas”. Como fiscal principal, Bensouda visita Estados Unidos con frecuencia para asistir a reuniones clave del Consejo de Seguridad.

Compromiso inquebrantable

Mientras tanto, O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de los Estados Parte (AEP), el órgano legislativo y de supervisión de la gestión de la Corte, rechazó enérgicamente las medidas “sin precedentes” contra la organización internacional basada en La Haya.

 “Lamento profundamente las medidas contra los funcionarios de la Corte, el personal y sus familias”, dijo.

Calificando a la CPI como una institución judicial “independiente e imparcial” que “opera en estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma”, dijo que convocaría una reunión extraordinaria de la mesa la próxima semana, “para considerar cómo renovar nuestro compromiso inquebrantable a la Corte”.

Kwon hizo un llamado a los Estados Parte y a todos las partes interesadas en el sistema del Estatuto de Roma a que “reiteren nuevamente el compromiso incansable de defender y hacer respetar los principios y valores consagrados en el Estatuto y de preservar su integridad sin que se vea afectada por ninguna medida o amenaza contra la Corte y sus funcionarios, personal y sus familias”.

Agnes Callamard, experta independiente en derechos humanos de la ONU y relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, tuiteó que se quedó “sin palabras” tras la noticia de la medida de sanciones de Estados Unidos contra la fiscal jefe.