La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en su primera comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, ha insistido en que es objetivo del Gobierno garantizar la suficiencia de las pensiones, reducir la brecha de género en las pensiones y mejorar la protección social de los colectivos más vulnerables. En este sentido, se ha referido a los pensionistas que se han convertido en sustentadores de sus familias y las personas huérfanas víctimas de violencia machista.

Respecto a la revalorización de las pensiones, Valerio ha señalado que el Ejecutivo está dando los pasos para efectuar el pago del incremento de los más de 9,5 millones de pensiones: el 1,35% adicional con carácter general (que se suma al 0,25% aplicado en enero). También se hará efectivo el 2,75% del pago adicional que corresponde al incremento de las pensiones mínimas, que alcanzará a casi 2,5 millones de pensiones, de las pensiones del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), que afectará a más de 300.000, y de las más de 500.000 Pensiones No Contributivas.

Valerio ha avanzado que en torno al 27 de julio la Seguridad Social abonará la paga con los atrasos correspondientes a la subida adicional de las pensiones entre enero y julio de este año.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha indicado que prepara el pago que supone el incremento del porcentaje de la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 56%, con efectos del 1 de agosto de 2018, en aquellas pensiones que reúnan los requisitos establecidos en la ley.

Por otra parte, la titular de Trabajo se ha referido en su intervención a la necesidad de reordenar los ingresos y gastos de la Seguridad Social. El Sistema no debe financiar gastos impropios derivados de la gestión, entre ellos, los de personal o los gastos corrientes, “pero tampoco debe renunciar a ingresos que sí le corresponden”, ha dicho.

En esa línea, Valerio ha señalado la posibilidad de estudiar la reordenación de las reducciones de cotizaciones y tarifas planas, “políticas activas de empleo que deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, tal y como establece la Recomendación 1 del Pacto de Toledo”.

La ministra ha recordado que entre 2012 y 2017 la Seguridad Social dejo de ingresar 8.093 millones de euros por reducciones de cuotas. Solo en el año 2017 esta cifra ascendió a 1.644,44 millones de euros, “Cifra ciertamente alarmante si tenemos en cuenta que la revalorización de las pensiones en un 0,25% supone un gasto de 300 millones de euros”.

Según ha señalado la ministra, la racionalización del gasto debe ir acompañada de medidas para combatir el fraude de la Seguridad Social. Para ello, en breve el Gobierno va a aprobar un Plan Director contra la Explotación Laboral para el periodo 2018-2020, “un plan que abordará la lucha contra los falsos autónomos, la temporalidad fraudulenta, la infracotización en los trabajos a tiempo parcial, la brecha salarial entre mujeres y hombres, las horas extras no pagadas, las falsas cooperativas, los falsos becarios, las malas prácticas de determinadas empresas multiservicios”, entre otras actuaciones.

Asimismo, Valerio ha señalado la necesidad de recuperar cotizaciones perdidas por el sistema. Para ello, el Gobierno quiere que se cotice lo mismo con independencia de la duración del contrato, así como restituir las protecciones a los trabajadores a partir de los 52 años, edad que se elevó a los 55 en el año 2012.

Además, también se trabaja en reponer la cotización de las cuidadoras y cuidadores no profesionales en el Sistema Nacional de atención a las situaciones de dependencia, así como extender la acción protectora a los becarios y a los estudiantes que realicen prácticas en empresas.