El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha entregado a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE). El aumento del gasto social ha sido lo más destacado en la presentación del ministro.  

 – El proyecto de Presupuestos incluye una serie de iniciativas, con un impacto presupuestario de 3.800 millones de euros, que van a mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. Se trata de los empleados públicos, los pensionistas con ingresos más bajos y los trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros al año.

Con este fin de apuntalar el crecimiento económico, los PGE 2018 avanzan en la reducción del déficit público, contribuyendo a alcanzar el objetivo del 2,2% del PIB, lo que permitirá que España salga del Procedimiento de Déficit Excesivo, hito que reforzará la estabilidad y credibilidad de nuestra economía.

Los PGE 2018 apuestan claramente por seguir reforzando el gasto social, de manera que se convierten en los presupuestos más sociales de la historia, destinando 196.782 millones de euros a gasto social, casi un 56% del total.

Además, los PGE también contribuyen de manera indirecta al refuerzo del gasto social a través de las aportaciones a las administraciones territoriales, en el marco de los sistemas de financiación, que éstas destinan en gran parte a gasto social. En concreto, las comunidades autónomas destinan el 68 por ciento de su presupuesto a sanidad, educación y protección social.

Las administraciones territoriales recibirán un total de 123.250 millones de euros en concepto de recursos del sistema de financiación, 4.248 millones más que en 2017. De esta cuantía, las comunidades autónomas recibirán 105.020 millones de euros, que es la mayor cantidad que han recibido nunca, con un incremento de 4.000 millones, y las entidades locales, 18.230 millones, lo que supone 248 millones más.

Los PGE 2018 también incluyen créditos para financiar los mecanismos de apoyo financiero a las comunidades autónomas y entidades locales, por importe de 16.500 y 1.000 millones de euros respectivamente.