Como es habitual, ha tenido que producirse una desgracia para poner en evidencia la fragilidad de un sistema político-económico que prioriza los intereses de macro-empresas, en su mayoría dirigidas por ejecutivos de “giratorias” que, a menudo, están lejos de los valores de un empresario y cuya actividad depende de una cadena de accionistas y algún fondo financiero, ocupadas en muchos casos en la obtención del máximo beneficio a costa de lo que haga falta.

En el caso de esta petroquímica de óxido de etileno, la explosión de un reactor produjo dos muertes y daños a más de 3 km y la causa -aún no aclarada- crea serias dudas sobre la formación adecuada, la competencia y actualización de la evaluación de riesgos laborales, sin duda por culpa de la avaricia, la codicia y el menosprecio a los derechos humanos.

Podríamos hablar de dudas en la culpa in vigilando, o “dejar de hacer lo que corresponde, en este caso, las medidas de protección”. Los juristas sabemos muy bien que la culpa es algo que nadie quiere comprar y que expulsamos porque es indigna, o bien preferimos compartirla para rebajar el grado, pero no pueden ocultarse las consecuencias. Pensemos por un momento en el calentamiento del planeta, la extinción de la fauna y la flora, El Niño y, para los humanos, la falta de valores, una educación deficiente, liderazgo incompetente, infelicidad individual que provoca crisis, agresividad o simplemente fracaso y desolación, porque no hay proyecto de vida, lo que significa que algo no se está haciendo bien y los culpables en una supuesta democracia somos todos nosotros, porque elegimos mal a nuestros políticos, que no deben dedicarse a discutir más de 60.000 leyes, sino ocuparse de prevenir y asegurar su cumplimiento a través de la educación cívica. Las leyes no están para castigar, sino para facilitar la convivencia y el respeto en una sociedad más justa; según Tácito, “solo los estados muy corruptos necesitan muchas leyes”.

Es normal que las empresas quieran ganar dinero, ya que es lo natural en el mundo capitalista; el problema es que lo hagan a costa de las personas, saltándose la justicia social y prevaleciendo los intereses de los grandes lobbies de poder, limitando su contribución fiscal y que se ceda ante las amenazas de traslados a países más baratos en impuestos. Hay un libro de Thomas Piketty, El capital del siglo XXI, en el que cuenta que “… los billonarios no son héroes, sino que se han aprovechado de la inversión pública y el trabajo de generaciones de trabajadores para lograr su fin”. Por tanto, incluso la propiedad privada debería tener una duración limitada para favorecer la circulación de dinero en vez de acumularse y, así, distribuir mejor la riqueza; puede ser una idea utópica, pero me vale.

En realidad, me interesan las personas y la justicia social y me cuesta rendirme al actual paradigma de que al final “todo sea cuestión de dinero”, porque esta acepción resulta antinatural y nada humana. Aún mantengo la esperanza, especialmente cuando hay un nuevo gobierno sospechosamente numeroso, de que hagan cosas para ayudar a la gente, darles cobijo y medios para que puedan descubrir su auténtico potencial, empezando por la educación e incluyendo a los padres. Quizás con este “trío ministerial” de Educación y FP, Ciencia y Universidades, o bien con lo social entre Igualdad, Trabajo y Seguridad Social, quieran dar un giro en estas materias y, si me necesitan para inspirarse, estoy para echar una mano humildemente, e incluso gratis, porque de verdad que esto es muy serio y hay mucho pensionista agraviado y nuestros nietos merecen un mundo mejor. Seguramente no hemos sabido hacerlo bien, aunque en mi caso juro que he hecho lo que he podido; seamos pues más empáticos y generosos entre todos y tendremos más justicia social.

Miquel Bonet | Abogado, profesor, autor de “Búscate la vida”

Artículo incluido en el número de febrero  de la revista Agenda de la Empresa