Estamos ante un problema recurrente, que alcanza niveles de gravedad insospechados en virtud de una aceptación social, enemiga del esfuerzo y aliada de la permisividad, que menosprecia el saber y persigue con saña (los tontos contemporáneos lo llaman bullying) a quien osa apartarse del rebaño de la mediocridad. Pero retrocedamos en la historia. Uno de los grandes errores de nuestro sistema educativo es haberlo entregado a las comunidades autónomas1, lo cual supuso dar a los nacionalistas el instrumento para dinamitar el Estado. Desde la Transición, cada nuevo gobierno ha instaurado su modelo educativo, incluido el PP que, con su torpeza habitual, no llegó a tiempo de aplicar el suyo. Ahora, el doctor Sánchez pretende eliminar las reválidas e incluso, para no frustrar al alumno  vago, considera, en serio, la obtención del título… ¡con una asignatura pendiente!… Lamentablemente, se han invertido los términos: el maestro ha dejado de ser el sujeto activo de la educación, por lo que es menester restaurar su autoridad en todos los terrenos. Al propio tiempo, hay que saber enseñar, a fin de despertar el interés y la curiosidad del alumno. La enseñanza lúdica -otro invento progresista– no deja de ser un concepto etéreo, pues lo ameno -que es deseable pero no siempre posible- tiene sus limitaciones intelectuales. Es fácil imaginarse a Ortega, con su prosa impecable trasladada a la cátedra, intentando explicar a sus discípulos el pensamiento de Leibniz, pero de ahí a la amenidad…

Otro de los gravísimos fallos del sistema educativo, aparte de haber reducido el Bachillerato, es el olvido de la Formación Profesional, una senda que en otros países eligen muchos bachilleres, sin que ello suponga un demérito. Cuando, en mis tiempos de tutor, insinuaba la posibilidad de que mi tutelado eligiese la FP, la sugerencia se tomaba como un desaire manifiesto próximo al agravio.Existían, ciertamente, las Escuelas de Comercio, de Náutica e incluso de Periodismo (¿qué fue de las universidades laborales, en las que se aprendía un oficio?), escuelas hoy convertidas en facultades universitarias, con título pomposo pero apenas aprendizaje, con lo cual no son útiles para las empresas, que solicitan expertos.

Otra obsesión del Régimen, la enseñanza concertada -que es también pública y gratuita, por cuanto se rige por baremos similares- se ve amenazada mediante la política de supresión de unidades, so pretexto de la disminución de la población escolar, amén de la imposición de un ‘comisario político’ en forma de representante sindical. De poco sirven argumentos tales como el coste del puesto escolar (50% entre un centro concertado y uno público), ni la preferencia mostrada por las familias, que no dudan en recurrir incluso a procedimientos ilegales para conseguir una plaza en el centro concertado, ni el hecho de que haya más demanda en dichos centros que en los públicos, lo cual debería hacer reflexionar a los políticos. En cualquier caso, no deberíamos olvidar que en los años 70 del pasado siglo, cuando el Estado no podía atender la creciente demanda, los centros privados abrieron sus aulas y asumieron el riesgo de pérdida de autonomía, contribuyendo a solucionar un problema nacional. En una imagen retrospectiva, tras la guerra civil, depurados – e incluso fusilados- numerosos maestros y profesores, el Estado hubo de recurrir a centros privados que, bajo la denominación de ‘reconocido elemental’ y “reconocido superior” otorgaban los títulos, una vez superadas las correspondientes reválidas, algo inimaginable hoy, dado el bajísimo nivel de la enseñanza, pese al triunfalismo de los políticos y la propaganda ‘juntera’.

1 José Mª Carrascal, ABC (15-11-2018)

Miguel Fernández de los Ronderos   |   informaria@informaria.com

Artículo incluido en el número de febrero de la revista Agenda de la Empresa