Italia debe adoptar nuevas medidas adicionales para reducir su elevada deuda pública, que supera el 130% de su PIB, cumplir con las normas fiscales de la Unión Europea y evitar una acción disciplinaria que podría acabar con una multa al país transalpino de unos 3.500 millones de euros. Los socios europeos han respaldado la posición de la Comisión Europea (CE) sobre Italia: la de recomendar abrir un procedimiento de déficit excesivo.