Dos meses después de que la violencia en el estado de Rakhine, en Myanmar, empujara a las comunidades rohingyas a cruzar la frontera, más de 604.000 personas han llegado a Bangladesh, llevando a 817.000 la cifra total de refugiados en el distrito más al sur del país.

La mayoría de los recién llegados viven hacinados en campamentos improvisados, mientras 46.000 refugiados viven en comunidades de acogida, detalló este viernes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Las necesidades médicas son muy importantes por los abusos que han sufrido los rohingyas y después de su largo recorrido desde Myanmar, indicó el portavoz de la agencia en Ginebra, Joel Millman. La agencia ha proporcionado servicios de salud básicos y de emergencia a 53.000 pacientes.

Según los datos recopilados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades respiratorias, diarreicas y dermatológicas son las más comunes en las poblaciones refugiadas de Cox´s Bazar. La agencia, que ha concluido una primera campaña de vacunación contra el cólera, lanzará una segunda el 4 de noviembre para llegar a 180.000 niños.

UNICEF, que trabaja con socios humanitarios para abrir nuevos centros de tratamiento nutricional, está tratando a casi 2.000 niños que padecen malnutrición aguda severa. La agencia advirtió que el llamamiento de 76 millones de dólares solo había recibido un 18% de financiación.

Por su parte, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha abierto un centro de tránsito y escuelas para refugiados en el campamento de Kutupalong, pero estima que cerca de 400.000 niños siguen sin acceso a educación.

Asimismo, el ACNUR intenta descongestionar el campo de Kutupalong y ya ha alojado a 1.700 recién llegados en la llamada “Extensión de Kutupalong” facilitada por las autoridades de Bangladesh en el sureste del país. Cinco mil personas más deberían trasladarse a la nueva zona.

Por su parte, tres expertos en derechos humanos de la ONU se dijeron “muy perturbados” después de su visita a los campamentos en Bangladesh.

La misión de investigación informó que los numerosos relatos sobre asesinatos, tortura, violaciones, y otro tipo de ataques sufridos en Myanmar, demuestran acciones “repetidas y metódicas” que resultaron en violaciones flagrantes de los derechos humanos de centenares de miles de personas.