Naciones Unidas ha saludado este viernes el acuerdo alcanzado entre el partido del expresidente boliviano Evo Morales (el Movimiento Al Socialismo, MAS), y sus opositores sobre la Ley de Garantías, una norma fundamental para superar la crisis política desatada por las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre.

“La implementación de esta ley debería allanar el camino para una mayor normalización de la situación en el país y la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles”, ha indicado el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado.

En este contexto, Guterres ha hecho un llamamiento “a todos los actores políticos y sociales” para que sigan “comprometidos en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis que ha afectado al país a través del diálogo constructivo”.

La Ley de Garantías tiene como objetivo “garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales –civiles, políticos y de libre expresión– contenidos en la Constitución Política del Estado y ratificados en tratados, convenios e instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos”.

El borrador está llamado a esclarecer la situación política de los diversos actores implicados en la crisis, incluido el propio Morales y los exmiembros de su Gobierno, por lo que ha sido objeto de una ardua discusión en la Asamblea Legislativa.

Los grupos parlamentarios del MAS y sus rivales, la Unidad Demócrata de la autoproclamada presidenta interina, Jeanine Áñez, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), han llegado a un acuerdo en el Senado por el cual se eliminarán tres artículos y se modificarán dos.

Entre los anulados está la autorización de salvoconductos para quienes hayan cometido delitos. “Las altas autoridades del Estado serán juzgados por la Ley 044, los asambleísta tienen la Ley de inviabilidad, que está en la Constitución, pero los delitos comunes se deben tramitar como corresponden”, ha explicado el senador del MAS Efraín Chambi.

De los artículos modificados destaca el que fija la finalidad de la ley, que antes hacía alusión a los derechos fundamentales de diversos colectivos y bajo la nueva redacción reconoce los de “los bolivianos y bolivianas y los extranjeros y extranjeras residentes en Bolivia”.

Además, ahora prohíbe “las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias y el hostigamiento judicial”, así como “cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio (de los derechos fundamentales) por los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre en el 2019”.

La Cámara de Diputados ya dio el visto bueno a la versión inicial y se espera que, tras este acuerdo, también lo haga el Senado. En el caso de que no sea así han avanzado que se enviará al Tribunal Constitucional (TCP).

“Para tranquilidad de todos, si por alguna razón no llegamos a un acuerdo con esta ley, se mandará en consulta al TCP”, ha explicado el líder de UD en el Congreso, Homer Menachoi. “Estamos buscando una ley que pacifique al país”, ha remachado, según informa la prensa boliviana.

(fuente: agencias)