Las muertes se desataron tras una disputa por el entierro de un jefe de la etnia Banunu y se caracterizaron por su extrema violencia y rapidez. Los crímenes pueden ser considerados de lesa humanidad. 

 – Una investigación de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo concluyó este martes que una serie de ataques acontecidos entre el 16 y el 18 de diciembre del año pasado en cuatro localidades del país pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

La Oficina de la ONU en el país africano actuó tras las denuncias de que unas 890 personas fueron asesinadas y miles fueron desplazadas debido a enfrentamientos entre las comunidades Banunu y Batende, en el territorio de Yumbi, situado en la provincia de Mai-Ndombe, al oeste del país.

El equipo encargado de la investigación ratificó que en las ciudades de Yumbi, Bongende y Nkolo II fallecieron por lo menos 535 hombres, mujeres y niños y 111 resultaron heridos. Sin embargo, la Oficina cree que estas cifras pueden ser más elevadas debido a la sospecha que se arrojó un número indeterminado de cadáveres al río Congo.

Del mismo modo, tampoco fue posible determinar el número exacto de personas desaparecidas, aunque se calcula que debido a los actos de violencia se desplazaron unas 19.000, y que 16.000 de ellas atravesaron el río para llegar a la República Democrática del Congo.

El personal de la misión no consiguió llegar a un cuarto emplazamiento, el campamento Nbanzi, donde también se reportaron ataques.

La investigación determinó que los ataques, liderados por los pobladores de la comunidad Batende sobre los de la Baunu, fueron desencadenados por una disputa por el entierro de un jefe de esta última comunidad. Los asaltos se caracterizaron por su extrema violencia y rapidez, lo que dejó poco margen de maniobra para que la gente pudiera escapar.

La pesquisa concluye que los crímenes documentados en Yumbi pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad por asesinatos, tortura, violencia sexual y persecución.

Igualmente, destaca que la violencia “se vio facilitada por la falta de acción del Estado para prevenirla” y destaca el fracaso de las autoridades provinciales que eran los responsables de proteger a la población.