También la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5% entre 2009 y 2018

Amnistía Internacional ha presentado un mapa de las políticas de austeridad por comunidades autónomas a través del cual denuncia cómo los últimos años representan una década perdida (entre 2009 y 2018, último año con datos oficiales) en términos de inversión para la sanidad, en valor real (teniendo en cuenta la inflación) en España.

La organización señala que “tras las medidas de austeridad adoptadas en el contexto de la crisis económica y que provocaron, entre 2009 y 2013, el hundimiento del gasto sanitario y a pesar de la progresiva mejora desde entonces, seguimos sin recuperar la inversión sanitaria pública que teníamos hace diez años”. Como consecuencia, “el derecho a la salud está en riesgo en España: estas políticas han provocado un deterioro de la accesibilidad, asequibilidad y calidad de la asistencia sanitaria y han generado mucho sufrimiento, especialmente en las personas de rentas más bajas, y dentro de este grupo, en las personas con enfermedades crónicas, aquellas con discapacidad, las que reciben tratamiento de salud mental y las personas mayores”, tal y como ha denunciado Amnistia Internacional en otros informes.

La organización lamenta que, aunque en los últimos diez años España ha incrementado su riqueza (el producto interior bruto) en un 8,6%, eso no ha supuesto un aumento equivalente en el gasto sanitario público, sino todo lo contrario: éste se ha visto reducido en un 11,21% respecto a 2009, frente al gasto sanitario privado, que se ha incrementado en un 16,28%. También la inversión sanitaria pública por habitante se ha reducido en un 10,5%. Por comunidades, solo Islas Baleares recupera la inversión sanitaria pública de 2009 y las que se encuentran más alejadas de alcanzar ese objetivo son: Castilla La Mancha, Asturias, La Rioja, Galicia y Cataluña.

El porcentaje que representa el gasto sanitario respecto del PIB se ha reducido, pasando del 8,98% de 2009 al 8,87% en 2017. Comparando con el resto de los Estados de la Unión Europea, España está por debajo de países como Alemania, que dedica un 11,25% de su PIB al gasto sanitario en 2017, Francia (el 11,3%), Suecia (11%), Austria (10,4%), Bélgica (10,3%) y Países Bajos (10,10%). Y solo por delante de otros como Estonia, Chipre, Lituania, Luxemburgo o Rumanía, que destinan porcentajes inferiores al 6,5%.

“España está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de salud, por las cuales se compromete a avanzar de manera progresiva en el cumplimiento del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. En un contexto como el que nos encontramos, esto parece más grave que nunca: no queremos más décadas perdidas”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Las autoridades deben, de manera urgente, revertir la tendencia de desinversión en el Sistema Nacional de Salud e incrementar los recursos humanos y materiales para asegurar el cumplimiento progresivo del derecho a la salud”, añade el director de AI.

Otra de las cifras alarmantes que denuncia la organización es que entre el 2009 y 2018 el gasto sanitario público por habitante se ha reducido en un 10,5%, lo que supone que el Estado, en 2018, se gastó en cada persona 147 euros menos que hace una década. En dinero corriente, España dedica 2.221,11 € por habitante. Si comparamos la inversión sanitaria por habitante con el resto de países de Europa en el año 2017, se encuentra en una posición intermedia, con países que destinan más de 5.000 euros por habitante, como Suecia (5.206€), Dinamarca (5.134 €), Luxemburgo (5.082€) y Alemania (4.459€) y otros que destinan menos de 1.000€ por habitante, como Lituania, Hungría, Letonia, Croacia, Bulgaria y Rumanía. Durante el mismo periodo Suecia ha incrementado la inversión en un 74,78%, Estonia con un 66,18%, Lituania en un 53,78%, Alemania en un 33,26%, Austria en un 23,82% y Finlandia en un 24,29%.

“Los recortes han provocado desigualdad, enfermedades, sufrimiento y muertes. Parece que ahora hemos empatizado con los enfermos y fallecidos por COVID. Pero hay que empatizar también con el desamparo que sufre un paciente de hepatitis C al que se le deniega un tratamiento o un enfermo que tiene que esperar meses para ir a un especialista. Para que esto no vuelva a pasar es importante defender un sistema de sanidad pública, universal y de calidad”, asegura Loly, enfermera de atención primaria en Madrid.

La gran olvidada

La organización señala que la atención primaria, fundamental en un sistema de salud y esencial para afrontar una crisis sanitaria como la pandemia de coronavirus en la que nos encontramos, ha sido una de las áreas más perjudicadas. La inversión en este tipo de servicio, que es la puerta de entrada al sistema público de salud y la única a la que muchos pacientes acuden, se ha reducido en un 13,10% de media en las comunidades autónomas en la última década y ha pasado a suponer tan solo el 13,8% del total del gasto sanitario público en 2018, frente al ya escaso 14,3% de 2009. Tampoco la ratio de personal médico y de enfermería en atención primaria por cada 1.000 habitantes ha variado prácticamente, sino que se mantiene igual al año 2009.

Aragón y Cataluña son las comunidades que más han reducido su inversión en atención primaria. Solo Murcia ha aumentado su porcentaje en un 6,92% desde 2009.

“La atención primaria tendría que dar respuesta al 85% de los problemas de salud, y en realidad supone un ahorro para la sanidad, pero se sigue recortando. Cuando yo empecé a trabajar, hace 30 años, podías hacer una valoración integral del paciente, que a veces puede venir con problemas físicos pero si no pasas algo de tiempo con ellos se te pueden escapar los aspectos psicológicos. No podemos seguir atendiendo a 50 personas al día”, denuncia Loly. Y como ejemplo, relata: “En las cuidadoras, que la mayoría son mujeres, hay malestares que se reflejan de forma física (vértigos, dolor de cabeza, etc). A veces te dicen solo “estoy cansada, estoy triste”. Si dedicas un tiempo te das cuenta de detrás del problema físico hay un sufrimiento que también hay que tratar”, lamenta esta enfermera.

El orgullo de un sistema que se estanca

En diez años, las ratios de personal médico y de enfermería apenas han variado. El personal médico de atención primaria por habitante a nivel estatal ha pasado de un 0,74 en 2009 a 0,77 en 2018, aumentado apenas en 0,03. Por comunidades, preocupa que Islas Baleares y Madrid incluso han reducido esa ratio, a pesar de que España está por debajo de la media europea y alejada de países como Portugal, el país con mejor ratio con un 2,6, Irlanda (1,82), Países Bajos (1,6), Austria (1,56) y Francia (1,42). Solo se sitúa por encima de países como Eslovenia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia y Bulgaria.

En cuanto a la ratio de personal de enfermería, ha aumentado levemente, pasando de un 0,61 en 2009 a 0,66 en 2018. También en este caso son las Islas Baleares y la Comunidad de Madrid las que la han reducido; y Canarias y La Rioja las que han mostrado incrementos acercándose a la ratio de 0.30.

“Tenemos personal insuficiente, muy por debajo de lo que se espera de un país como España, medios insuficientes y un presupuesto menguante. Este es el contexto en el que aparece la pandemia”, denuncia Pedro, médico de atención primaria en Madrid.

“Hace diez años nos sustituían las ausencias por baja, permisos vacacionales, incluso en zona de costa había refuerzo. Ahora no. Por cubrir a un compañero te dan unos 20 ó 30 euros. Si haces dos turnos te lo pagan, pero el sector está muy feminizado, y el compatibilizar horarios de tarde es más complicado”, explica Paula (nombre ficticio), médica de atención primaria en Galicia.

Por todo esto, Amnistía Internacional señala que España debe adoptar una estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud y debe construirla desde el respecto a los derechos humanos y la garantía de protección de todas las personas. Para ello, pide a las autoridades sanitarias centrales y autonómicas:
• Dar prioridad al aumento de las asignaciones presupuestarias para el Sistema Nacional de Salud para, como mínimo, devolver lo antes posible el gasto total y per cápita en salud a los niveles existentes antes de la imposición de las medidas de austeridad e incrementar la inversión de manera progresiva, en términos constantes.
• Llevar a cabo una evaluación del impacto en los derechos humanos antes de que se aplique cualquier futura medida destinada a mejorar la rentabilidad y la eficacia de los sistemas de salud autonómicos, y garantizar la adecuada participación y consulta de los grupos afectados respecto a la forma en que tales medidas se desarrollan y aplican.
• Dar cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y priorizar en la asignación de recursos la inversión en la atención primaria, reforzando así su capacidad de asistencia, a través de la contratación de más recursos humanos y medios materiales.
• Garantizar una auténtica consulta y participación del sector profesional sanitario y de la población afectada para tener en cuenta sus propuestas en el diseño de la estrategia de refuerzo del Sistema Nacional de Salud.
• Reforzar los mecanismos de rendición de cuentas ante potenciales medidas de restricción de gasto sanitario que puedan tener impacto en los derechos humanos.