No es un tema nuevo, pero la COVID-19 vuelve a ponerlos de actualidad. Y hay razones para ello. Pero no nos quedemos en el hoy: el tema merece que nos remontemos más allá de lo inmediato.

Ante todo, urge clarificar de qué estamos hablando porque, tanto en lo mucho que se ha escrito sobre ello (al menos desde los años 1980) como en las iniciativas en marcha, no siempre se habla de lo mismo. También la denominación fluctúa: renta mínima, renta básica, renta mínima de inserción, salario universal, salario social, ingreso mínimo de solidaridad, renta mínima garantizada…

Tantas denominaciones responden a conceptos diferentes. Puede ser un ingreso garantizado a todo ciudadano, o limitado solo a los que viven en precariedad económica. Puede ser un subsidio por tiempo limitado, o asignado con carácter estable. Puede establecerse como una renta fija o como un complemento para rentas que no alcanzan un mínimo. Puede exigirse algún tipo de contraprestación (orientada, por ejemplo, a la reinserción laboral), o entregarse gratuitamente y sin condiciones.

Iniciativas concretas se pueden citar muchas. Las más mencionadas: las de Finlandia (por cierto, desechada después de un tiempo de vigencia) o Canadá. En España son las comunidades autónomas -casi todas ellas- las que han implantado alguna modalidad de renta mínima. Y no por desidia del gobierno central, sino porque es una competencia transferida a los entes autonómicos, como parte de las políticas sociales. ¿Qué añade la propuesta ahora en estudio?

Para mí la cuestión fundamental es ¿estamos ante una política coyuntural, que hay que afrontar con decisión en periodo de crisis, o estamos ante algo de más alcance (de carácter estructural)? Me inclino por esta última alternativa: solo entonces queda situado el problema en sus verdaderas dimensiones. Porque cuando lo coyuntural se instala entre nosotros como para quedarse hay que empezar a considerarlo como algo estructural.

Y hay razones de fondo, de carácter ético, que justifican la renta mínima. A dos me referiré.

La primera razón tiene que ver con el destino universal de los bienes de la tierra. Este principio hunde sus raíces en la tradición cristiana, pero tiene también su versión profana: todos los seres humanos tienen derecho a valerse de los bienes materiales para vivir, y estos no pueden distribuirse de forma que algunos queden sistemáticamente excluidos de su disfrute. Y hoy no pensamos solo en bienes o riqueza, sino en renta, en participación en la riqueza producida. Una sociedad que distribuye esa riqueza producida haciéndola inaccesible a grupos enteros, no funciona adecuadamente ni puede ser considerada justa.

La segunda razón tiene que ver con la forma como se accede a la riqueza producida en la sociedad. En la época moderna la vía ha sido la participación al proceso productivo, ya sea aportando bienes materiales (capital) o actividad humana (trabajo). Solo grupos muy marginales se vieron obligados a buscar vías extraordinarias (por ejemplo, la limosna o la beneficencia). Pero ese modelo de distribución resulta ya inadecuado. Porque el trabajo disponible es cada vez más insuficiente como consecuencia de la incorporación creciente del capital a la producción. Un efecto de ello es el avance en la desigualdad de la renta y riqueza, lacra de nuestras sociedades más avanzadas.

Otro efecto -el que aquí nos interesa- es la necesidad de buscar vías alternativas de acceso a la renta para cada vez más personas que ni poseen capital ni encuentran trabajo. Y esto no como consecuencia de la crisis de estos meses: esta ha agudizado como un problema coyuntural lo que es un fenómeno estructural, que se venía anunciando hace tiempo.

Poner en práctica la renta mínima no carece de problemas: económicos (¿cómo se financia?) y sociales (¿no va a favorecer el parasitismo?), por citar los más obvios. Pero los problemas están para identificarlos y resolverlos, sobre todo cuando existen razones de peso para poner en marcha algo tan humano como la capacidad para innovar sin aferrarse a esquemas que funcionaron en otro tiempo pero que ya van quedando obsoletos. La renta mínima es, entonces, una vía por explorar. Sin olvidar que tampoco el sistema actual de distribución (basado en trabajo y capital) ha existido siempre ni tiene por qué ser definitivo.

Ildefonso Camacho SJ | Universidad Loyola Andalucía

Artículo incluido en la edición de junio de Agenda de la Empresa