Hablando el mes pasado desde este rincón de la ética de la renta mínima aludía de pasada al destino universal de los bienes de la tierra. Tan de pasada, que quedé insatisfecho. Porque en nuestro mundo, tan individualista, no encuentra fácil encaje un principio así. Es verdad que su origen se hunde en la tradición cristiana, pero hoy reaparece en contextos bastante ajenos a ella.

Sería largo adentrarse en lo que significa la fe cristiana en un Dios creador. En pocas palabras: el origen de todo cuanto existe está en Dios y Dios creó todo pensando en lo mejor para la humanidad. Por eso puso todo cuanto creó al servicio de la especie humana: y es responsabilidad de esta administrar ese rico patrimonio natural, cuidarlo, valerse de él para el propio desarrollo. Todos los bienes a disposición de todos, sin distinción ni discriminación.

Ahora bien, la experiencia humana posterior llevó a una conclusión: para hacer más efectivo ese destino es mejor distribuirlos, así cada uno se ocupará con más esmero de una partecita de ellos. Ahí radica el principio de la apropiación privada: repartir para hacer más eficaz ese destino originario. Importante: el derecho a la propiedad privada no es un derecho primero, es un derecho derivado (para hacer más eficiente aquel primero, el derecho de todos a disfrutar de los bienes de la creación).

Por consiguiente, todo bien, en la medida en que es parte de ese patrimonio común y a pesar de ser objeto de apropiación privada, conserva una función social irrenunciable.

No se puede negar que esta visión choca de lleno con nuestra realidad donde la apropiación privada ha conducido a una distribución cada vez más desigual en un mundo cada vez, paradójicamente, de más abundancia. Una mínima sensibilidad humana tiende a juzgar tal situación como inaceptable, como injusticia.

Hoy, no solo hemos arrinconado esa visión más religiosa; además, hablamos menos de los bienes creados, porque vivimos rodeados de bienes producidos por la industria humana. Ahora bien, este paso del predominio de lo creado a lo producido permite también cuestionar ese principio de propiedad privada que la mentalidad moderna tiende a considerar casi como sagrado e inviolable.

Me alegré encontrar esta idea en un libro reciente de Mariana Mazzucato, que está siendo objeto de una notable atención: El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global. Reflexionando sobre la innovación y su papel en la creación de valor económico, que produce tanto enriquecimiento para algunos, cuestiona que esa innovación pueda explicarse solo desde quienes directamente la promueven. Detrás está el trabajo, casi siempre callado, de generaciones enteras, sin el que sería impensable lo que hoy saludamos como innovación.

¿Qué dice la experiencia cotidiana? Un ejemplo. Un ordenador no es solo el producto del trabajo de un técnico que ensambla un conjunto de piezas físicas: el resultado no sería el mismo sin tanta investigación acumulada (no individual, sino colectiva) sobre aspectos de los que ese técnico apenas tiene conciencia. Y ese trabajador no sería capaz de hacer su tarea sin haber pasado por una educación que, en gran parte, se ha financiado con fondos públicos, o sin gozar de unos derechos, garantizados igualmente con recursos de todos, que le permiten trabajar en condiciones adecuadas. En resumen, ese ordenador fabricado se incorpora a un patrimonio que se va constituyendo con aportaciones humanas y económicas innumerables e imposibles de cuantificar.

Todo esto no niega la propiedad privada como derecho, pero le da un sentido nuevo: es cierto que del valor generado se han de beneficiar ante todo quienes directamente lo produjeron (trabajo y capital, siguiendo el esquema clásico), pero hay otros “productores” remotos que no pueden ignorarse. ¿No está aquí implícita la justificación de una carga impositiva, que transfiere a la sociedad (vía Estado) una porción del valor producido?

El destino universal de los bienes es, pues, un imperativo ético que encuentra una justificación nueva desde un análisis más en profundidad de lo que son los procesos técnicos y económicos, un análisis que cuestionaría también esa contraposición tan simplificadora entre público y privado que sigue dominando como algo tan obvio como indiscutible.

Ildefonso Camacho SJ | Universidad Loyola Andalucía

Artículo incluido en la edición de julio/agosto de Agenda de la Empresa