El Consejo de Ministros ha acordado  impugnar ante el Tribunal Constitucional  las actuaciones de la Generalitat de Cataluña para la convocatoria y preparación de una consulta, denominada proceso de participación, el 9 de noviembre en Cataluña.

311014ruedaconsejo5La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado en rueda de prensa  de que el Ejecutivo ha adoptado esta decisión tras recibir el informe favorable del Consejo de Estado que “certifica la incompatibilidad de esta nueva convocatoria con el orden constitucional, el marco de derechos que ampara y la democracia sobre la que se sustenta”.

Sáenz de Santamaría ha recordado que el Gobierno ya recurrió ante el Tribunal Constitucional el pasado 29 de septiembre la ley catalana de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre, y que este Tribunal acordó su suspensión.

Ante esta decisión, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, convocó un nuevo proceso, como ha señalado la vicepresidenta, “sin censo, sin administración electoral y pilotado por quienes defienden un resultado concreto, manejado por sus voluntarios, captados, seleccionados e instruidos por los defensores de ese proceso y la propia Generalitat, que se encargarían de todas las tareas, desde el registro de participantes hasta el recuento de las papeletas y la proclamación de los resultados”. Todo ello, ha añadido, para que “la Generalitat pueda eludir sus responsabilidades y delegarlas en particulares o en funcionarios”.

Soraya Sáenz de Santamaría ha recordado que la obligación del Ejecutivo es “velar por el cumplimiento de la ley, la integridad de la democracia y los derechos de los ciudadanos”.

En este sentido, la vicepresidenta ha argumentado que el primer objetivo del Gobierno es asegurar la vigencia del ordenamiento jurídico constitucional y el Estado de derecho porque el procedimiento planteado por la Generalitat “no tiene cabida en nuestro Estado de derecho”. También pretende “proteger la democracia frente a lo que es una perversión de sus mismos fundamentos, en particular los derechos a la libertad y a la igualdad”.

Además, según ha apuntado la vicepresidenta, quiere “garantizar los derechos de los catalanes”, en especial la de los funcionarios públicos, para que no se vean obligados a incumplir la ley y asumir personalmente una responsabilidad “que el presidente de la Generalitat no está dispuesto a asumir” al no firmar ningún tipo de instrucción.

Preguntada por la posibilidad de que el Gobierno limite las aportaciones económicas a la Generalitat de Cataluña, dado que parte de esos fondos se dedican a campañas publicitarias y actos relacionados con la consulta alternativa del 9 de noviembre, la vicepresidenta del Gobierno ha negado esa opción “porque ya la Generalitat ha perjudicado bastante los derechos de los catalanes, como para que el Gobierno adopte medidas que vayan en perjuicio de los servicios públicos a los que tienen derecho”, y ha recalcado que uno de los motivos de la impugnació​n es, precisamente, “defender el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad”, y “el derecho, dado que pagan sus impuestos, a recibir servicios públicos”.