El Convenio es el primer tratado internacional orientado a prevenir el tráfico de órganos, proteger a las víctimas y fomentar la cooperación nacional e internacional en este ámbito.La Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes en el mundo se efectúan bajo alguna forma de comercialización.

 

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha calificado el tráfico de órganos como una grave violación de los derechos fundamentales de las personas y de la dignidad humana. El ministro, que ha comenzado su intervención en la Conferencia Internacional sobre el tráfico de órganos que se celebra hoy en Santiago de Compostela con unas palabras de recuerdo y condolencia por las víctimas del accidente aéreo de ayer en los Alpes, ha alertado también sobre estas prácticas delictivas que, a su juicio, suponen un grave riesgo contra la salud pública y privada.

La Conferencia Internacional, que se ha iniciado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente aéreo, servirá de marco para la firma del Convenio del Consejo de Europa de lucha contra el tráfico de órganos, un nuevo instrumento abierto a la firma de todos los países que lo deseen, y que el ministro Catalá ha descrito como un hito en su campo para poder erradicar el comercio de órganos humanos en el ámbito internacional.

El ministro de Justicia ha subrayado los tres objetivos que se fija esta Conferencia Internacional: prevenir y combatir el tráfico de órganos humanos mediante medidas de derecho penal sustantivo, proteger a las víctimas de manera que reciban asistencia apropiada para su recuperación y facilitar la cooperación nacional e internacional con el fin de prevenir y combatir esta amenaza.

En la ceremonia inaugural junto con el ministro Catalá y el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, han participado también el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago de Compostela, Agustín Hernández. Margaret Chan, directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha intervenido mediante un mensaje de vídeo.

La Conferencia se ha iniciado con la apertura de la firma del Convenio Internacional contra el Tráfico de órganos, promovido por el Consejo de Europa, que han suscrito un total de 14 países, entre ellos España, el país anfitrión.

Conviene recordar que nuestro país ha jugado un papel fundamental en la gestación y desarrollo de este Convenio, en una actuación conjunta de los ministerios de Justicia; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT); y Asuntos Exteriores y Cooperación.

Junto con España, hoy también han suscrito este convenio Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El tratado pueden firmarlo todos los Estados sean o no miembros del Consejo de Europa.

Este convenio es el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos. Supone un paso decisivo en la lucha contra el tráfico de órganos en el mundo. Fue adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que representa a todos los estados miembros. Su objetivo es la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito. Asimismo, ofrece una oportunidad para lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales.

En concreto, el tratado obliga a los estados firmantes a establecer como delito la extracción ilícita de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes o para otros fines, y otras acciones relacionadas. También contiene medidas encaminadas a asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante de órganos y garantizar un acceso equitativo a los trasplantes de órganos.

El convenio establece también que las Partes habrán de adoptar las medidas legislativas y otras medidas que fueran necesarias para garantizar el acceso a la información, la asistencia y el derecho de compensación a las víctimas.