El gravísimo error por parte del Estado de haber transferido a las Comunidades Autónomas, entre otras competencias, las relativas a la educación, ha supuesto la imposición de leyes sucesivas, a cual más nefasta, impulsadas exclusivamente por el partido socialista, único responsable del estado ruinoso de la enseñanza en nuestro país, en especial en los niveles preuniversitarios, que siguen ocupando el furgón de cola en cuantas valoraciones objetivas se realizan por la comunidad internacional. Además, el traspaso de competencias educativas se ha aprovechado con frecuencia para inculcar el odio a España, potenciar las lenguas propias en detrimento de nuestra lengua común y reducir el conocimiento al «entorno», aunque se ignoren la historia, los nombres o la localización de los principales países del mundo y sus capitales, sus accidentes orográficos o los ríos que las bañan.

Miguel-Fernandez-de-los-RonderosOtra de las grandes falacias que circulan cual moneda falsa al amparo de la verdadera consiste en relacionar directamente el estatus social con el rendimiento académico, proclamando a los cuatro vientos que todo se reduce a un problema de dinero. A este respecto, un alto cargo de lo que algunos conocen como el Régimen andaluz afirmaba, rotundo, que «los resultados académicos están en proporción directa al valor del metro cuadrado de la vivienda», con lo cual se excluyen virtudes tales como el esfuerzo, la autoexigencia, la disciplina intelectual, el sentido del deber o la vocación que, según esta teoría, sólo están al alcance de los burgueses.

Como afirma el profesor Amorós: «Vivimos en una sociedad aletargada que sólo cree tener derechos y no deberes y que exige seguir disfrutando gratis porque el dinero público (¿recuerdan la ocurrencia de una ministra?) no es de nadie». Según esta peregrina teoría, los alumnos deben pasar de curso y, por supuesto, la política de concesión de becas no debe basarse en criterios de exigencia académica. A este respecto, recuerdo que en mis tiempos de profesor, cuando los institutos eran centros respetados y respetables, la adjudicación de becas se ajustaba a criterios económicos, pero, por encima de todo, de exigencia académica. Ser becario era -y debería ser- motivo de orgullo, pues lo verdaderamente democrático es que una persona de origen humilde pueda, con su esfuerzo y talento, abrirse paso profesionalmente en la sociedad. El problema de la enseñanza en España no es sólo un problema de dinero, sino de actitud, de respeto y de educación. Conceptos aparentemente nimios como la puntualidad o la atención son metas casi inalcanzables, por lo cual todo esfuerzo resulta estéril.

Además, la política de igualar por abajo es absolutamente injusta, por cuanto fomenta una nueva forma de parasitismo que consiste en permanecer curso tras curso en un centro público, cuyo coste es infinitamente superior al importe de la matrícula, todo ello agravado por la responsabilidad, compartida por los distintos gobiernos, de haber cedido a la presión social para que todas las provincias españolas tengan ‘su’ universidad, lo que ha supuesto tanto su inviabilidad presupuestaria como su deterioro académico (1). Una política distinta, que hubiera tenido en cuenta factores de población o necesidades reales -no apetencias políticas para colocar a los «nuestros»- habría ayudado a concentrar los recursos -siempre escasos- y a justificar el pozo sin fondo de cuantiosas inversiones cuyos resultados no justifican el dispendio.

La interrogante final que plantea el profesor Amorós -cuyo pesimismo comparto- no deja lugar a dudas: «¿Un auténtico pacto educativo en esta España? No lo quieren los progresistas, ni las Comunidades Autónomas, ni los Rectores, ni los padres de familia, ni los estudiantes…»

 

Miguel Fernández de los Ronderos

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(1) Mientras redacto este artículo, anuncian en televisión que una universidad española ha organizado un ciclo sobre… ¡Madonna!