Algo está cambiando en la percepción del sistema energético, la palabra mágica es transición ecológica. No todo va a ser ingeniería social y propuestas o acciones más que discutibles en torno al final o el principio de la vida. El Gobierno de España se mueve y su Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico -dentro del marco de las actuaciones para la definición final del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia- está empezando a definir de forma más detallada las prioridades para actuar, con el fin de valorar e impulsar acciones de colaboración público-privada. 

Se busca como “proyecto país” modernizar la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo, en suma, la reconstrucción, inclusiva y resiliente tras el COVID, intentando dar respuesta a los muchos retos que se nos van a ir presentando en los próximos años e incluso que ya están aquí. Junto a la transición ecológica, se sitúa la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad, muchas y complejas tareas que necesitan de una visión compartida y que sume como país, difícil reto en estos momentos de tanta fragilidad política y partidista.

Ya en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) y en la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050 (ELP), se indica, y, por tanto, se espera, un gran crecimiento de la generación renovable de electricidad, pero esta requiere una verdadera transformación del sistema energético. Bueno, vamos aterrizando. Lo que está pasando en este momento es que se está preparando la movilización de los fondos Next Generation de la Unión Europea y es conveniente que se empiecen a concretar proyectos e iniciativas. A ver si llegamos a tiempo, no se producen desavenencias irreconciliables y se priorizan proyectos de éxito, que sumen y construyan país.

En el ámbito energético algo se mueve respecto al despliegue de la generación renovable como un camino cierto para la descarbonización de la economía, algo impensable hace unas décadas. Así como, la integración definitiva de las energías renovables en los sectores de consumo energético (residencial, industrial, servicios y agricultura), en relación con su uso térmico y eléctrico. Vamos avanzando, pero falta un salto cualitativo inversor que lo resitúe como un activo esencial para consolidar el cambio que necesitamos.

Por otro lado, es comprensible que entre las medidas que se puedan implementar estén las de flexibilizar el sistema energético, infraestructuras, redes inteligentes y almacenamiento. Ello demandará una mayor inversión pública y colaboración público-privada a través de startups o iniciativas de nueva generación dirigidas a la innovación y nuevos modelos de negocio en el ámbito energético. Junto a la promoción de Comunidades Energéticas Locales que impulsen, junto a la rehabilitación de vivienda, la regeneración urbana. Sin duda, el derecho de acceso a la energía es un eje fundamental del cambio de modelo energético. Por ello, es básico situar al ciudadano en el centro del sistema energético, generando una mayor participación ciudadana en tres ámbitos estratégicos como son la gestión energética, la generación distribuida y el desarrollo de comunidades energéticas locales.

En este último ámbito es esencial que se desarrollen proyectos que impliquen la formación, así como, la promoción de comunidades energéticas que deberán incluir junto a la producción eléctrica con energía renovable, para autoconsumo o para entrega a la red eléctrica, la producción y distribución de calor y/o frío con renovables, así como, servicios de eficiencia energética y de movilidad sostenible.

Sin avanzar en estos parámetros será muy difícil conseguir una descarbonización a medio y largo plazo y una transición ecológica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS 7, 9, 11, 12 y 17, refuerzan está posición a nivel internacional. Para todo ello, no solo basta el impulso de las administraciones públicas territoriales, los recursos de la Unión Europea o la colaboración público-privada; es necesario que la persona, el ciudadano, esté situado en el centro de los intereses de todo este entramado energético. Cuando decimos persona, también me refiero a la tierra que nos sostiene. Sin duda, ello conlleva repensar nuestro modelo económico y energético para que sea más inclusivo y resiliente tras la crisis social, económica y sanitaria a la que nos ha llevado el COVID-19.

Enrique Belloso Pérez

Director de Proyección Social y Comunicación de CEU Andalucía

Artículo incluido en la edición de marzo de Agenda de la Empresa