El nuevo Gobierno salvadoreño anunció que se unirá al plan regional de protección a las personas que se ven obligadas a migrar en América Central. 

El Salvador se ha convertido en el séptimo país (con México, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá) en adherirse a la iniciativa que une a actores nacionales y regionales para ayudar a las personas desplazadas y a las comunidades que las acogen.

El Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS) atiende las necesidades de migrantes y anfitriones en ámbitos como la seguridad, la salud, los medios de vida y la educación, como lo estipula el Pacto Mundial sobre los Refugiados.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) acogió con beneplácito la decisión del nuevo Gobierno de El Salvador, recordando que ese país ocupa el sexto lugar mundial como origen de ciudadanos buscando asilo.

El Salvador vive una realidad de violencia debida principalmente a las pandillas que matan, violan, extorsionan y acosan a la población, obligándola a huir en busca de seguridad. Los datos de ACNUR indican que 46.800 salvadoreños solicitaron asilo en otros países en 2018, y que al menos 71.500 se desplazaron a otros puntos del territorio nacional.

El representante regional de esta agencia para América Central y Cuba recordó el caso del migrante Óscar Martínez, ahogado con su hija Valeria de 23 meses cuando trataba de cruzar el río Bravo, y cuya fotografía llamó la atención mundial sobre la tragedia que acecha a miles de migrantes en su rumbo al norte.

Como parte del acuerdo, El Salvador deberá ahora desarrollar e implementar un plan de acción nacional en consultas con la población desplazada, las instituciones nacionales y locales, la sociedad civil y los organismos internacionales.

Dicha hoja de ruta deberá establecer vías concretas para mejorar la protección de los desplazados y de los retornados a El Salvador.

ACNUR reafirmó su compromiso de apoyo a El Salvador en este proceso y aseveró que continuará dando asistencia técnica a la Asamblea Legislativa en la redacción de leyes para proteger a las personas desplazadas.