Los ministros de Asuntos Exteriores de los integrantes del Grupo de Lima han emitido este lunes una declaración tras la cumbre realizada en Bogotá en la que rechazan el uso de la fuerza como fórmula para superar la crisis política en la que se encuentra sumida Venezuela y desoyen así los llamamientos de la oposición; el grupo pidió una transición pacífica y envió solicitud a la Corte Penal Internacional.

En el grupo participan Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, este último representado por el que consideran presidente legítimo del país, el presidente autoproclamado Juan Guaidó. Además ha estado presente en Bogotá el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Además, en el texto los países condenan al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por impedir el acceso de la ayuda humanitaria que pretendía introducir por la fuerza la oposición el pasado 23 de febrero. “Han impedido, el 23 de febrero, el ingreso de artículos de primera necesidad y la asistencia internacional, mediante actos de represión violenta que ocasionaron múltiples heridos y muertos en la frontera con Colombia y Brasil”, subrayan.

Este comportamiento supone, según los firmantes, una “denegación del acceso a la asistencia internacional”, lo que constituye “un crimen de lesa humanidad”.

Consideran también que “el régimen ilegítimo” de Maduro está “sometiendo intencionalmente a los venezolanos, y en particular a la población más vulnerable, a una sistemática privación de alimentos y medicinas, y de acceso a servicios básicos, para asegurar su permanencia en el poder”.

A lo que suman la “violencia indiscriminada empleada por los cuerpos de seguridad y de grupos armados” para obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria y “para impedir el pleno ejercicio de los derechos y libertades”.

Asimismo defienden “impulsar la designación por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de un experto independiente o de una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela” y subrayan que “la permanencia de Nicolás Maduro y su régimen ilegítimo en el poder representa una amenaza sin precedentes a la seguridad, la paz, la libertad y la prosperidad en toda la región”.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, dijo este lunes que el Grupo de Lima tiene “informaciones serias y creíbles” de amenazas contra la vida del presidente del Parlamento, Juan Guaidó, así como también contra su familia. Añadió que “desde Bogotá queremos responsabilizar al usurpador Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, su señora o sus familiares, lo cual se convertiría no solamente en otro crimen, sino que daría lugar a una situación internacional que obligaría a actuar colectivamente al Grupo de Lima acudiendo a todos los mecanismos legales y políticos”.