El Consejo de Ministros ha acordado impugnar la resolución que el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, dictó el 22 de enero en la que proponía que el diputado Carles Puigdemont sea candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que el Ejecutivo tiene “el compromiso político” y “el deber constitucional” de emplear todas las herramientas legales para proteger a España, el Estado de derecho y la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña, “con todo el respeto a los procedimientos”.

“Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que esté huido voluntariamente de la justicia, que se ha sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno autonómico”, ha manifestado. Sáenz de Santamaría ha recordado que Puigdemont está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves como los de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia, “delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo”.

La vicepresidenta ha apuntado que el Ejecutivo solicitó dos informes al Consejo de Estado, uno preceptivo sobre la impugnación de la resolución del presidente del Parlament y otro potestativo para consultar su opinión sobre diferentes asuntos, como la delegación de voto de los diputados que estén ausentes y fuera del territorio nacional y la posibilidad de las investiduras no presenciales o telemáticas o bien por delegación de aquellos que no se encuentren en el hemiciclo.

El Ejecutivo, ha explicado, recibió ayer los informes: “La consulta potestativa, que era favorable, y la preceptiva pero no vinculante, que comparte los argumentos jurídicos pero discrepa del Gobierno sobre el momento temporal”. La vicepresidenta ha señalado que el Gobierno respeta los criterios jurídicos del Consejo de Estado, pero considera que tiene “argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político” de evitar que Puigdemont continúe con su desafío al Estado de derecho.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha subrayado que “estamos viviendo un momento inédito” y sin precedentes en nuestro país: que pretenda ser investida una persona con una orden de busca y captura. Eso es lo que el Gobierno quiere evitar, “esto es el quid de la cuestión”, ha remarcado.

Sáenz de Santamaría ha agregado que, “habida cuenta de que hay otros diputados”, corresponde al presidente del Parlament tomar la decisión de continuar adelante proponiendo una persona que cumpla los requisitos y tenga plenas libertades para ejercer la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.