Exige ” precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que no están adecuadamente representadas o contienen información errada”

Un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Michelle Bachelet, documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de los Carabineros y militares durante las protestas que estallaron el pasado 18 de octubre. También describe el uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas 350 personas.

Los Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre el control de asamblea y uso de la fuerza durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, afirma la investigación.

La Oficina de la Alta Comisionada  concluyó que “existen razones fundadas para creer” que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias.

El gobierno chileno replicó a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con que “es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que no están adecuadamente representadas o contienen información errada”.

En una declaración pública, la subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de ministerio de Justicia de Chile recapituló la situación vivida desde el estallido social del 18 de octubre y apuntó que, paralelamente a las demandas de la ciudadanía, se vivió un alto grado de violencia que “obligó a decretar el estado de emergencia por 10 días”.

La subsecretaria recalcó también que fue el gobierno el que pidió a la Alta Comisionada, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que enviara una misión a Chile. También dio cuenta de la institucionalidad del país y de la separación de poderes.
Además, hizo algunas precisiones a las afirmaciones contenidas en el Informe.
De las 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, señaló que, de ellas, cuatro podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe. Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios “y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas. Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público”.

Respecto de las lesiones oculares, advirtió que “el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador”. Detalló que entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal. 148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad.  Adicionalmente, declaró, “el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos”.

Sobre las ejecuciones extrajudiciales de las que habla el informe, afirmó que “sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente”.

El Gobierno de Chile concluyó que el informe “en algunos casos, afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso”, y reiteró “la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia”.
No obstante, la administración de Sebastián Piñera agradeció al Alto Comisionado “la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil”.

Fuente: UN, agencias