Tras la reunión ordinaria, el Consejo de Ministros ha celebrado el viernes otra sesión, convocada con arreglo al acuerdo del Pleno del Senado del 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.

En esta sesión, el Ejecutivo ha autorizado a ocho organismos públicos catalanes a renovar operaciones de deuda a corto plazo “con el fin de atender sus necesidades de funcionamiento”, según ha destacado el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, en una rueda de prensa en Barcelona.

El Gobierno también ha acordado, por la vía de urgencia, la contratación de 300 máscaras de respiración para el cuerpo de bomberos de la Generalitat por un importe de unos 85.000 euros.

Por otra parte, el Ejecutivo ha acordado el nombramiento de Miquel Mateu García como director general de centros concertados y privados de la Generalitat de Cataluña, según ha avanzado Íñigo Méndez de Vigo.

El ministro portavoz ha expuesto también el coste para la propia Cataluña de la inestabilidad institucional y la incertidumbre: más de 2.500 empresas ya han trasladado su domicilio social, y más de mil el fiscal; el paro registró el mes pasado la mayor subida en esa comunidad desde octubre del año 2008; la ocupación hotelera bajó un 7% y las ventas del comercio minorista un 12%, y también han caído los pedidos de automóviles y los índices de confianza de los consumidores y de los inversores.

“El Gobierno, que aplicó el artículo 155 para devolver el autogobierno a Cataluña y para convocar elecciones, cree que Cataluña para salir adelante debe mirar al futuro y necesita una nueva etapa política, caracterizada por el afianzamiento del principio de legalidad y del Estado de derecho, la restauración plena de la convivencia, cerrando las brechas de división entre catalanes, y el respeto sin fisuras a las reglas y los procedimientos democráticos y a los derechos y libertades de todos”, ha manifestado Méndez de Vigo.

En relación con las declaraciones de la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, Marta Rovira, según las cuales el Gobierno habría amenazado con episodios de violencia extrema en Cataluña si se producía la declaración unilateral de independencia, el portavoz del Ejecutivo ha dicho que “los dirigentes secesionistas nos han acostumbrado a ver que mienten” y ha calificado esas declaraciones de “burda patraña”.

Sobre la posibilidad de que la Agencia Europa del Medicamento fije su sede en Barcelona, Méndez de Vigo ha asegurado que el Gobierno está haciendo “todo cuanto está en su mano” y que se batallará hasta el último momento porque se trata de un tema de que es de política de Estado y porque Barcelona “es la mejor candidatura y la ciudad que reúne las mejores condiciones”.