“La sociedad se muestra a la vez permisiva con sus hijos y altanera con el educador”. (Rogelio Reyes)

 – A penas enviado a la imprenta mi último artículo(1), publicaba ABC, firmado por Rogelio Reyes Cano, profesor emérito de la Universidad de Sevilla, un interesante comentario en la misma línea que, bajo el expresivo título ‘Enseñar o aguantar, un dilema aberrante’, analiza la desesperante realidad en el cotidiano quehacer de los docentes españoles. Llama la atención del profesor Reyes Cano “lo pronto que ha desaparecido de las páginas de prensa y de los medios audiovisuales la valiente denuncia sobre el estado de nuestra Enseñanza Secundaria realizada por la profesora Romero Valderas, del IES “Isidro Arcenegui” de Marchena, que tuvo la valentía de proclamar a los cuatro vientos el “memorial de agravios que ha de soportar un profesorado lastrado en el ejercicio de su autoridad, herido en su autoestima, infravalorado en su función, alicortado en sus expectativas profesionales y sometido a una presión insoportable” (transcribo literalmente) por parte de las autoridades docentes, obsesionadas por el maquillaje estadístico de supuestos éxitos con la reiteración ad náuseam de “la generación mejor preparada de la historia”.

La nueva obsesión del Régimen andaluz, la enseñanza concertada (que es también pública y gratuita, por cuanto se rige por idénticos baremos), está condenada a su paulatina desaparición mediante la política sibilina de supresión de unidades, eliminación de plazas o cierre de líneas bajo el pretexto de la disminución de población en edad escolar, sin olvidar el caso de los centros con educación diferenciada, inexplicablemente excluidos de los conciertos tras habérseles prometido públicamente lo contrario. ¿Dónde están “los ricos” de Altair o de los colegios regentados por las Hermanas de la Cruz, que a tantas familias humildísimas atienden, sin recurrir al trompeterío juntero”? (léase “La nuestra”, vulgo Canal Sur). De nada sirven argumentos tan sólidos como el coste del puesto escolar, que es del 50% entre un centro concertado y uno público, ni la preferencia mostrada por las familias, que no dudan en recurrir incluso a procedimientos ilegales para conseguir una plaza en el centro concertado, ni el hecho de que haya más solicitudes en dichos centros concertados que en los públicos, lo cual debería hacernos reflexionar(2). En cualquier caso, no deberíamos olvidar que en los años 80 del pasado siglo, en los que el Estado no podía atender la creciente demanda, los centros privados abrieron sus aulas y asumieron el riesgo de pérdida de autonomía, solucionando así un problema nacional.

Por último -y siempre al hilo del tema de la enseñanza- quiero hacerme eco del tema de la inspección educativa(3) que, aunque ha ido perdiendo atribuciones, aún conserva legítimamente, desde el papel, la misión de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales que deben garantizar el verdadero derecho a la educación. Pero la constante intromisión de los políticos, interfiriendo gravemente en las funciones de la inspección, que nada decide, ha afectado a su relevancia. Eso sí: visita, redacta informes… pero su capacidad de decisión, subraya Fdez. Franco, está cayendo significativamente debido al hecho de que en las delegaciones territoriales “abundan los encargados, asesores o coordinadores de tareas, planes, programas, servicios, etc. que en calidad de docentes adscritos nombrados por sintonía política o personal son más proclives a informar y actuar según convenga a quien los ha nombrado libremente y sin concurrencia competitiva”, por lo que se recurre más a ellos que a la inspección, cuyo juicio técnico y de mayor rigor podría no convenir políticamente en determinados asuntos. ¿Hay quien lo duda?

Miguel Fernández de los Ronderos

(1) “Aprobados de despacho y mala educación”.
(2) Que haya institutos públicos donde sea imposible encontrar plaza, también.
(3) “Inspección educativa: ¿Para qué? ”Francº J.Fdez. Franco
(ABC, 02-03-2017).