Asistimos estos días a un debate siempre abierto en nuestra sociedad española, pero que se agudiza cada cierto tiempo: cuando llega el tiempo de renovar los conciertos con los centros no públicos de enseñanza.

Hay un hecho indiscutible: la reducción de la demanda por la caída demográfica. A ella puede hacerse frente disminuyendo la ratio alumnos/profesor: redundaría en una mejora de la calidad. Pero es lógico plantear también, sobre todo en determinados contextos, reducir las unidades. El problema surge cuando nos preguntamos con qué criterios vamos a determinar cuáles serán las unidades a suprimir. El criterio, que algunos propugnan con demasiada seguridad, de dar prioridad a la enseñanza pública sobre la concertada me parece, por lo menos, discutible. Pero el tema es complejo. Permítanme sólo algunas consideraciones.

La educación es un derecho, un derecho social: es decir, el Estado tiene que poner recursos para garantizar su realización. Determinar cuál es el alcance de esta garantía (por cuánto tiempo, con qué ayuda económica…) no es algo obvio: depende de factores políticos y económicos, y, en último término, de la voluntad ciudadana.

Que el Estado garantice un derecho social no implica que sea él quien tenga que encargarse de toda su gestión. Está aquí en juego el principio de subsidiariedad, que busca el equilibrio entre la iniciativa privada y la tutela de los intereses generales y de los derechos de todos por parte del Estado. Es una manifestación más del modelo mixto de economía por el que hemos optado: en él los poderes públicos no lo hacen todo pero velan para que se haga todo. En el caso de la educación, no se encargarían de organizar todo el sistema educativo, todos y cada uno de los centros docentes, pero sí de que haya un puesto educativo adecuado y digno para todos.

¿A quién compete establecer el punto de equilibrio entre enseñanza pública y privada? En principio, y como en toda sociedad organizada como Estado social, al mercado. Pero no a un mercado que funciona sólo por motivos de lucro y, por tanto, que sólo educaría a quien esté dispuesto a pagar: de nuevo, el modelo mixto asigna competencias decisivas (pero no únicas) a los poderes públicos.

Como resultado habrá centros públicos y privados. ¿En qué proporción? El equilibrio no podrá establecerse a priori, será el resultado de la libre elección de los ciudadanos.

Surge aquí el debate entre gestión pública o privada de un servicio. Sería interminable, aunque fecundo, el debate sobre ventajas y limitaciones de ambos sistemas. Al menos, deberían quedar claras dos cosas: el móvil económico a corto plazo puede distorsionar el servicio educativo (como ocurre siempre con la iniciativa privada, pero aquí la cuestión se agrava porque estamos ante un servicio vinculado con la satisfacción de un derecho); no todo centro docente privado funciona por motivos económicos, ni está concebido como negocio.

Si no es el negocio, ¿qué puede mover a crear un centro de enseñanza en cualquiera de sus niveles? Aquí surge un nuevo elemento del debate, que distingue a la educación de la asistencia sanitaria (si los centros sanitarios podrían ser privados). Porque la educación es transmisión, no sólo de conocimientos científicos y competencias técnicas, sino también de valores y de una determinada concepción de la vida. Y en una sociedad plural, en este punto, es legítimo que se busquen cauces para transmitir lo que se valora y se desea compartir con otros.

De nuevo, aquí estamos ante un punto delicado no de fácil solución. Porque un Estado laico pero no laicista no tiene competencia para imponer una determinada visión de la vida (de entre las presentes en la sociedad), pero tampoco una visión laicista. Sólo velará para que toda educación respete unas normas éticas mínimas de convivencia. A partir de ahí, dejará a los ciudadanos y familias que escojan qué educación desean. Sólo tendrá que exigir a un centro no público que administre honesta y racionalmente los recursos económicos que se le asignan según la demanda social; que funcione y eduque de acuerdo con los mínimos éticos de una sociedad plural. Y, en todo caso, tendrá que garantizar que el derecho a la educación tenga un alcance cada vez más rico para todos.

Ildefonso Camacho SJ

Universidad Loyola Andalucía