La jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Mª Pilar González, ha lamentado que Andalucía solo ha consumido el 50% (esto es, unos 160 millones de euros) de los recursos del programa FEDER 2014-2020 y ha señalado que todavía hay “una cifra muy elevada” disponible que “se va a perder” si las empresas de la región no acuden a dicho programa antes de su finalización.

Las declaraciones han tenido lugar en la jornada empresarial ‘Innovar es ahorrar en Andalucía’, organizada por la consultora española F. Iniciativas y la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), que ha congregado a medio centenar de responsables de las áreas de innovación, financiera y fiscal del ámbito empresarial andaluz.

La representante del CDTI ha señalado asimismo que la participación de Andalucía en las iniciativas y los programas de esta Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades “es buena, pero podría hacerlo mucho mejor”. El CDTI ofrece a las empresas ayudas procedentes tanto de recursos propios como de fondos tecnológicos de la Unión Europea, al tiempo que ayuda a las empresas a conseguir fondos de otras entidades (como por ejemplo, Horizonte 2020 de la Comisión Europea, o de la Agencia Espacial Europea, entre otros).

Según los últimos datos disponibles del INE, Andalucía repitió en 2017 el porcentaje de gasto en I+D sobre el PIB en comparativa interanual (situándose en el mismo 0,92% alcanzado en 2016), mientras que en el conjunto de España la ratio se incrementó del 1,19% al 1,20% en el mismo periodo. De acuerdo con el instituto estadístico, la cifra de empresas innovadoras en la región aumentó en el periodo 2014-2016 (5.488; 25,1% de sus empresas fueron innovadoras) si se compara con 2013-2015 (5.439; 26,2%).

Por su parte, el director general de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), Elías Atienza, ha admitido que “hay mucha desinformación” en materia de incentivos fiscales de promoción de la I+D+i que lastra su utilización por parte de las empresas. Y a pesar de reconocer que “hay en la innovación un cierto riesgo tecnológico y económico para las empresas”, en su opinión estos factores pueden minimizarse de forma relevante “a través de la utilización de la gama de ayudas directas e incentivos fiscales que las distintas administraciones públicas ponen a disposición del tejido empresarial”.

En el foro empresarial, el director de Negocio de F. Iniciativas, José Miguel Lara, ha reclamado un “pacto de Estado por la I+D+i” en España que “trascienda el marco de las distintas legislaturas”.

Por su parte, José María Peláez, de la Subdirección General de Fomento de la Innovación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades), ha destacado que la vía del informe motivado es “muy demandada y útil” para las empresas para la obtención de seguridad jurídica ante el Ministerio de Hacienda en el momento de beneficiarse de los incentivos fiscales existentes.