La presidenta provisional de Bolivia, Jeanine Áñez, dejó sin efecto este jueves (28.11.2019) un decreto que autorizaba a militares a participar en la preservación del orden público y los eximía de responsabilidad penal, puesto en vigor durante los días de conflicto en el país que dejaron 33 muertos.

La mandataria interina argumentó que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, era “un recurso constitucional” tomado ante “acciones violentas que nunca antes” habían visto en la “historia” de Bolivia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, había calificado de “grave” el decreto, por desconocer los estándares internacionales de derechos humanos, y por estimular la represión violenta, según sus propios términos.

La norma sostenía que los militares destinados al control público estaban “exentos de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales” actuaran “en legítima defensa o en estado de necesidad”.

Tras la anulación del decreto, Áñez agradeció a las Fuerzas Armadas, “a nombre de la democracia, por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación”.