Más allá de la violencia que cuesta vidas, el periodismo está bajo ataque en todo el mundo, entre la polarización política y la innovación tecnológica que facilitó la rápida difusión de discursos de incitación al odio, misoginia y “fake news”, que a menudo llevan a los gobiernos a adoptar nuevas restricciones sobre la libertad de expresión.
La advertencia figura en el último informe de la Unesco, “World Trends in Freedom of Expression e Media Development” difundido en ocasión de la Jornada Internacional por la Libertad de Prensa.

Entre 2012 y 2016 -afirma el informe- en el mundo fueron muertos 530 periodistas, un promedio de dos por semana, y solo en un caso de cada diez se hace justicia.

América Latina se convirtió en una de las zonas más peligrosas del mundo para los periodistas, especialmente aquellos que investigan sobre la corrupción política y el narcotráfico.
El alto número de profesionales de la información muertos en en la región se explica por el grado de impunidad del gozan sus asesinos, según el balance del International Press Institute (IPI).

Una vez más México resultó el país con mayor número de periodistas muertos: 12.

La Jornada Internacional para la Libertad de Prensa fue proclamada por la Asamblea General de la ONU en 1993. En este 25º aniversario la celebración principal, organizada por la UNESCO y el Gobierno de Ghana, tiene lugar en Accra los días 2 y 3 de mayo, con la participación del presidente del país, Nana Akufo-Addo.

El tema elegido este año para el Día Mundial de la Libertad de Prensa es “Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho” y el propósito es explorar la interacción entre el sistema judicial y los medios informativos así como sus roles complementarios en el fomento de la transparencia, la rendición de cuentas y la gobernanza. En todo el mundo tendrán lugar numerosos actos conmemorativos del Día Mundial.

El programa de la conferencia internacional de Accra destaca la contribución de los medios de comunicación a la rendición de cuentas por parte de los gobierno y a la transparencia de las elecciones. Se evaluarán maneras de reforzar la capacidad del poder judicial para proteger la libertad de prensa, así como el riesgo que suponen los intentos de regular la libertad de expresión en el ciberespacio.