Las autoridades nacionales de Burundi han reducido su cooperación con el sistema de la ONU, lo que pone en riesgo la búsqueda de una solución pacífica a la crisis política del país y corta la asistencia a la población necesitada, advirtió hoy el asesor especial de Naciones Unidas sobre ese país.
Jamal Benomar informó al Consejo de Seguridad que la ONU ha intentado trabajar constructivamente con el gobierno de esa nación africana y de apoyar al pueblo burundés en su empeño por lograr la paz y la estabilidad.
“Nos hemos involucrado rápidamente, absteniéndonos de las críticas públicas y con actitud modesta, para dar pequeños pasos que fomenten la confianza entre las partes. Pese a esta actitud moderada, las autoridades han cerrado las puertas al compromiso y la cooperación”, dijo Benomar.

Entre las decisiones de alejamiento de la ONU del gobierno de Burundi, citó la retirada de la Corte Penal Internacional, la suspensión de la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el rechazo a la comisión investigadora establecida por el Consejo de Derechos Humanos.
Asimismo, refirió que las autoridades se han negado permitir el despliegue de observadores de las garantías fundamentales y de expertos militares propuesto por la Unión Africana para ayudar a los burundeses.

Todo esto, señaló Benomar, mientras continúan violándose los derechos humanos a una escala masiva.
Alertó que si el presidente del país, Pierre Nkurunziza, consigue el propósito de cambiar la Constitución para reelegirse y gobernar un cuarto mandato, Burundi podría sumirse en una crisis aún más grave.

En este contexto, Benomar llamó al gobierno burundés a cumplir con la obligación moral y la responsabilidad política de colocar nuevamente al país en la senda de la paz, recordando que la población no desea permanecer en el escenario de aislamiento internacional, violencia y represión que vive en la actualidad.