Resulta dramático y hasta escandaloso ver imágenes de un barco cargado de refugiados sin saber adónde ir porque ningún gobierno europeo le da permiso para atracar en sus costas. Podremos invocar mil argumentos para justificar esa negativa. Unos serán de orden socio-económico: el equilibrio de nuestras sociedades amenazado por esas riadas de recién llegados (y la inseguridad que podría seguirse). Otros de orden jurídico-político: la soberanía del Estado. Pero todos ellos apenas serán suficientes para ocultar esa insensibilidad que se ha instalado entre nosotros (no por igual en todos los países…).

Los movimientos migratorios no son de hoy. Pero hoy acontecen en un contexto nuevo. No hablamos de un aumento cuantitativo, sino de un cambio cualitativo: el que procede del proceso globalizador en que el mundo se encuentra inmerso. Este no puede ser ya entendido solo como un conjunto de Estados soberanos, cada uno con capacidad total para regular lo que ocurre dentro de sus fronteras. ¿No son precisamente las fronteras las que están en cuestión? No es que ya no existan fronteras, como tampoco han dejado de existir los Estados soberanos. Pero las fronteras son menos fronteras y los Estados soberanos son menos soberanos. Y eso tiene consecuencias sustanciales para el Derecho. No desaparece el Derecho clásico vinculado a la soberanía del Estado, pero entra en una dinámica nueva, que es la que queremos poner de relieve desde una perspectiva ética.

Porque la ética no puede limitarse a legitimar lo que existe, en nuestro caso el Estado soberano y todas sus manifestaciones (la principal de las cuales, su capacidad para legislar). De acuerdo con la concepción clásica del Estado, este se ocupa de la tutela de los derechos de sus miembros, ciudadanos, a los que distingue cabalmente de los extranjeros, que de ninguna manera son equiparados a los nacionales. Así cada Estado tiene potestad para establecer sus políticas migratorias, que naturalmente se configuran desde la atención prioritaria a los ciudadanos nacionales: en función, por ejemplo, de necesidades de mano de obra o de seguridad vital.

Pero resulta que hoy estamos cayendo en la cuenta que buscábamos mano de obra (que justificaba la llegada de extranjeros y su integración controlada) y nos llegan personas. Tal afirmación es una obviedad. Tan obvia que está provocando una revisión del Derecho Internacional, revisión que se viene abriendo paso y que termina cuestionando la discrecionalidad de los Estados soberanos en materia migratoria.

Esta revisión tiene una raíz ética porque pone en primer término a las personas como sujetos de derechos por el mero hecho de ser personas. Y a la ética corresponde promover reformas institucionales y, no en último lugar, la revisión del Derecho positivo.

Es así como se explica el cambio de enfoque del Derecho Migratorio a que estamos asistiendo. En síntesis: las personas no pueden quedar del todo subordinadas a las políticas migratorias de los Estados, son las políticas migratorias las que tienen que subordinarse a la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales. Es cierto que el Derecho Internacional no tiene el rigor normativo propio del Derecho de un Estado. Pero es un complemento de este, y lo limita en sus competencias. Estamos ante un cambio de perspectiva, que se ha ido abriendo paso al hilo del avance de la globalización: problemas nuevos (las características de las migraciones hoy) sacuden nuestra sensibilidad y generan aspiraciones éticas legítimas, a las que hay que dar respuesta con nuevas fórmulas jurídicas.

Cómo avanzar es una cuestión todavía no esclarecida. Pero la solución no se encuentra mirando solo al pasado, al Derecho clásico de Extranjería. Hay que mirar a la realidad de un mundo globalizado, y sobre todo a la dignidad de las personas que buscan ser reconocidas como tales por la comunidad internacional construyendo un nuevo Derecho Migratorio.

Ildefonso Camacho SJ | Universidad Loyola AndalucíaIldefonso Camacho

 

 

Artículo incluido en el número de septiembre de la revista Agenda de la Empresa