La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asiste en Luxemburgo al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que tiene previsto aprobar el mandato de negociación del acuerdo de pesca con Marruecos, “algo que es tremendamente positivo para la flota española y para las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos”.

En declaraciones a los medios a la entrada del Consejo, García Tejerina ha mostrado su confianza en que las negociaciones de este acuerdo puedan concluir antes del 14 de julio de 2018, fecha en la que expira el actual acuerdo, para dar continuidad así a la actividad de la flota española en aguas marroquíes.

La ministra ha recalcado que el Gobierno considera “tremendamente importante” dar continuidad a la vigencia de este acuerdo, de gran valor para un amplio sector de la flota española, fundamentalmente de Galicia, Andalucía y Canarias. Por ello, “ayudaremos a la Comisión para que la aprobación de este acuerdo no se demore”, y pueda entrar en vigor antes de que expire el acuerdo anterior. García Tejerina ha precisado que este mandato y las negociaciones tendrán presente la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la aplicación del acuerdo en aguas del Sáhara Occidental.

Por otro lado, García Tejerina ha señalado que el Consejo analizará hoy el plan plurianual para las aguas occidentales. Un punto es de gran relevancia para España, ya que una correcta gestión de determinadas especies en estas aguas es fundamental a la hora de negociar los TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas a finales de año.  Según ha indicado, España apremiará a la Comisión para que apruebe este plan, al igual que solicitará el tratamiento diferenciado entre las aguas noroccidentales y las suroccidentales, “porque sus características son distintas”.

Además, García Tejerina ha señalado que le recordará a la Comisión la enorme preocupación en muchos países de la Unión con la obligación de desembarque y el final de los descartes a partir del 1 de enero de 2019.

España lleva tiempo explicando que las soluciones propuestas hasta el momento “generan enorme inquietud”, ya que determinadas actividades pesqueras se pueden ver paralizadas, por la obligación de desembarcar especies menores, y no por aquella especie fundamental de la actividad de los barcos. La ministra ha asegurado que pedirá a la Comisión que presente nuevas propuestas para flexibilizar esta obligación de desembarque.