El Tribunal Constitucional ha suspendido de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana al admitir el recurso del Ejecutivo central, que ha solicitado además que se aperciba a todos los miembros del Gobierno y de la Mesa del Parlament de su deber de obedecer al tribunal.

En ese recurso, el Gobierno sostiene que esa norma y la del referéndum suponen “la mayor afrenta y amenaza” a las normas sobre las que se basa la convivencia en España desde 1978 y el “mayor ataque concebible” a los valores democráticos.

El alto tribunal ha tomado la decisión en una reunión celebrada este martes por la mañana y ahora tendrá cinco meses, prorrogables por otros tantos, para pronunciarse sobre el fondo de una norma pensada para articular la transición hacia la independencia en caso de que se celebrase el referéndum del 1 de octubre y triunfase el sí.