La Junta de Andalucía ha aprobado este martes el proyecto de Ley para la Promoción de una Vida Saludable y una Alimentación Equilibrada, que establecerá las bases de las políticas contra la obesidad en Andalucía. Este problema de salud pública afecta actualmente al 16,6% de la población adulta y al 23% de la infantil.

Es la primera vez que una comunidad autónoma regula con el máximo rango normativo la lucha contra la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en general, con especial atención a la infancia como colectivo prioritario, además de las mujeres embarazadas, las personas mayores y los grupos de población socialmente más desfavorecidos.

El proyecto sigue las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud en el sentido de implicar a la sociedad en su conjunto, sobre todo administraciones públicas, sectores empresariales, medios de comunicación y empresas de publicidad. En su elaboración han participado alrededor de 250 personas de diferentes colectivos, entre los que destacan asociaciones de pacientes, consumidores y padres y madres de centros educativos; miembros de sociedades científicas y colegios profesionales; medios de comunicación, y empresarios de los sectores afectados.

La futura ley establecerá el derecho de la población andaluza a la información, el conocimiento, la promoción, la prevención y la participación en las iniciativas de salud pública vinculadas con la alimentación equilibrada, la actividad física y el entorno físico y psicosocial saludable.

Para hacer efectivo este derecho, se establecen medidas como la exigencia de disponer de menús saludables y de diferentes tamaños de raciones en los establecimientos de restauración; tener alternativas de adquisición de alimentos frescos y perecederos en cantidades adaptadas a la composición de las unidades familiares; y habilitar aparcamientos de bicicletas en los lugares de trabajo con más de 50 empleados.

Una medida clave de la futura norma andaluza será la de favorecer el acceso gratuito al agua potable en los centros educativos, lugares públicos y centros de ocio infantil, promoviendo la dotación de fuentes en estos espacios. Además, se exigirá a las empresas de máquinas expendedoras de productos alimentarios que ofrezcan agua gratuita en aquellos centros docentes en los que se permite su instalación y en los lugares de ocio infantil, ya sea integrada en sus propios dispositivos o a una distancia de hasta dos metros de los mismos.

En la misma línea, los bares y restaurantes deberán ofrecer a los clientes un recipiente con agua y vasos, de forma gratuita y complementaria a la oferta del establecimiento.